Aeropuerto de Jauja: cierres recurrentes cuestan millones y exponen ineficiencia estatal
Mientras los aeropuertos de Cusco e Iquitos enfrentan cierres inesperados, el Francisco Carlé de Jauja revela un patrón preocupante: interrupciones frecuentes que golpean directamente la economía de Junín y ponen en evidencia las dificultades de Corpac, la empresa estatal que administra el aeropuerto, para mantener operativa esta infraestructura clave.
Redacción Vigilante
Publicado 4:51 pm, 15 octubre, 2025
Cada día sin vuelos en el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja genera una pérdida de al menos S/ 15.000 en el sector turístico de Junín, según las estimaciones de Manuel Nieto, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos de dicha región. Cada interrupción deja calles vacías, hoteles sin reservas y restaurantes que ven caer sus ingresos, mostrando de forma clara hasta qué punto la economía local depende de un aeropuerto que, con frecuencia, se detiene cuando menos se espera. Una responsabilidad que recae en la estatal Corpac.
El último cierre hasta el momento ocurrió durante la Semana Santa de 2025. El aeropuerto de Jauja estuvo fuera de servicio por daños severos en la pista de aterrizaje, afectando el servicio de aerolíneas como LATAM y Sky Airline. Esta paralización, que finalmente se prolongó por más de tres meses hasta el 4 de julio, habría generado un perjuicio económico de más de S/ 2,9 millones solo durante la semana festiva, según los cálculos del Gobierno Regional de Junín, basados en un estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Solo en 2024 el aeropuerto de Jauja movilizó 194.200 pasajeros, de los cuales aproximadamente el 35 % eran turistas, de acuerdo al GORE Junín. Por ello, una interrupción prolongada golpea directamente al turismo, el alojamiento, la gastronomía, el transporte y el comercio. Además, si la ruta aérea Lima–Jauja cerrara definitivamente podría generar pérdidas de alrededor de S/ 350 millones para la región. La ocupación hotelera, que normalmente alcanza entre 50 % y 60 %, podría caer hasta el 30 %, afectando empleos, negocios y proveedores locales, además de encarecer la logística y reducir la competitividad regional.
Corpac y la trampa de la gestión estatal
El aeropuerto Francisco Carlé es administrado por Corpac, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, empresa estatal dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta infraestructura crítica ha enfrentado múltiples desafíos operativos y de mantenimiento, lo que evidencia que, cuando el Estado actúa como empresario, los procesos se ven afectados por la burocracia, los retrasos administrativos y decisiones poco eficientes.
En la obra de mantenimiento de la pista y la plataforma de aterrizaje, contratada por S/ 11.5 millones, la Contraloría General de la República detectó irregularidades: Corpac aprobó la Fase I del proyecto sin un diseño validado de la mezcla asfáltica, un requisito fundamental para garantizar la durabilidad y seguridad de la pista. Además, se registraron retrasos en el avance físico, fallas de supervisión técnica y riesgo de no cumplir con el cronograma establecido. A pesar de ello, Corpac también decidió reabrir la pista el 4 de julio de 2025 sin haber recepcionado formalmente la obra, generando riesgos para las operaciones aéreas.
Cuando el Estado opera como empresario sin supervisión ni incentivos claros, los ciudadanos terminan pagando dos veces: con impuestos y con las pérdidas derivadas de la inactividad. Por ello, es necesario exigir rendición de cuentas, contratos bien diseñados, auditorías independientes y evaluar fórmulas mixtas o concesiones, dejando al Estado como regulador y no como gestor directo.