Minería en el Perú: derribando el mito de las “concesiones ociosas”

La idea de que las grandes compañías mineras “acaparan” enormes extensiones de terreno sin usar, impidiendo el acceso a los pequeños productores no se ajusta a la realidad del sector. La minería moderna, especialmente la de gran escala, se desarrolla en ciclos largos, intensivos en capital y bajo un marco regulatorio complejo. Por ello, las empresas necesitan mantener amplias áreas concesionadas para poder operar, explorar o evaluar la viabilidad de los proyectos.

Según S&P Global, el ciclo entre exploración y explotación minera a nivel mundial dura 28 años en promedio. En Perú ese periodo se extiende hasta 55 años, debido a la burocracia. El especialista Francisco Tong estima que un proyecto minero en el país puede requerir entre 200 y 400 permisos y la intervención de cerca de 30 autoridades. Explica que el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) demora 3 años en promedio, cinco veces más que el plazo legal. La consulta previa tarda entre 1 y 3 años. Y entre los procesos administrativos vinculados a la minería, 100 son esenciales y están distribuidos entre 19 entidades públicas.

Casos emblemáticos como Las Bambas, que tardó más de un siglo en concretarse, o Antamina, Cerro Verde y Quellaveco, que requirieron entre 60 y 80 años, muestran lo prolongado de este proceso. “La aparente inactividad sobre grandes áreas no es un capricho, sino una consecuencia del propio ciclo productivo de la minería”, señala Tong.

¿Por qué existen concesiones sin explotación inmediata?

Las mal llamadas “concesiones ociosas” no son terrenos abandonados y su existencia responde a tres factores principales:

• Alto riesgo exploratorio: La mayoría de proyectos no resulta viable. Tener varias concesiones es una forma de diversificar el riesgo.
• Diversificación geológica: Los minerales no están distribuidos de manera uniforme; un área puede tener valor económico solo en una fracción del terreno.
• Factores regulatorios y financieros: Los permisos ambientales, las consultas previas y la obtención de financiamiento exigen mantener concesiones activas durante años antes de producir.

Para comprender mejor este concepto, recordemos cómo se distribuye el territorio nacional: el 59% del área total del Perú es concesionable a la minería, pero solo el 15% se encuentra actualmente concesionado. El 44% restante sigue disponible para nuevas solicitudes. Además, las cifras oficiales muestran que la mayoría de las concesiones mineras no pertenece a grandes compañías, sino a pequeños mineros y personas naturales.

¿Quiénes tienen las concesiones mineras en el Perú?

Los datos recientes del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y el Ministerio de Energía y Minas muestran una realidad más compleja que el discurso público:

• Cada año se otorgan en promedio 4,000 concesiones mineras, pero solo 1,300 muestran actividad efectiva (exploración o producción).
• En 2025, entre enero y mayo, se otorgaron 2,085 concesiones mineras nuevas.
• El 70% de los mineros en proceso de formalización pertenece a la pequeña minería o minería artesanal; el 30% restante, a concesiones de mediana y gran minería.

El problema no radica en el “acaparamiento” de territorio, sino en la falta de una política clara de formalización minera. El Reinfo, mecanismo transitorio creado hace casi una década, ha sido prorrogado múltiples veces sin ofrecer una solución definitiva. Actualmente, más de 50 mil mineros informales trabajan dentro de concesiones formales, lo que genera conflictos, inseguridad jurídica y pérdida de ingresos fiscales.

El país no necesita más confrontación entre grandes y pequeños, sino avanzar hacia un modelo que facilite la formalización plena, promueva la responsabilidad ambiental y social, y reduzca la burocracia excesiva.