Minería ilegal invade Machu Picchu, una alerta en Perumin

Además de la deficiente gestión turística, ahora Machu Picchu también debe enfrentar la invasión sigilosa de la minería ilegal, que amenaza con erosionar terrazas incas y contaminar ríos. Una situación que vuelve a poner en duda la capacidad del Estado para proteger el patrimonio. Durante la cumbre Perumin 37, celebrada a finales de septiembre en Arequipa, el especialista en políticas públicas y minería Iván Arenas advirtió este peligro: un 70% de la economía nacional opera en la informalidad, facilitando actividades ilícitas como la extracción minera y el turismo desregulado. «Es un Estado débil que no garantiza desarrollo», señaló, recordando la sentencia de ocho años de prisión contra un minero ilegal por explotación no metálica en el santuario a finales de 2024.

Arenas se refirió a la condena de Marco Antonio Cutipa Farfán por intervenir un área de 20 metros cuadrados de Machu Picchu sin permisos, que fue posible gracias a la acción conjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, casos aislados no resuelven la raíz del problema: la falta de fiscalización constante. En Perumin, se advirtió también que organizaciones criminales ligadas al narcotráfico en regiones como Pataz (La Libertad) y Puno podrían extender su influencia hacia áreas patrimoniales, lo que aumenta el riesgo para la ciudadela Inca.

La alerta surge en un contexto complejo: la minería ilegal no solo paraliza proyectos formales por US$ 7,000 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), sino que acaba con la biodiversidad y el legado cultural. Mientras el turismo genera millones en divisas, la extracción ilegal —aunque no metálica— contamina ecosistemas frágiles y amenaza con desestabilizar esta cadena económica, afectando a comunidades locales.

Expertos en la cumbre coincidieron en que el gobierno, pese a la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, prioriza medidas reactivas en lugar de fortalecer la fiscalización. Esto no solo genera impactos ambientales sino que limita el desarrollo regional. En Cusco, donde el turismo representa el corazón de su economía —hasta el 15.1%, según el Instituto Peruano de Economía—, la informalidad minera compite deslealmente con el sector formal y desalienta la inversión.

Informalidad, un obstáculo al crecimiento económico

La debilidad institucional se manifiesta en la superposición de competencias: mientras el Ministerio de Energía y Minas y el de Ambiente promueven procesos de formalización, los gobiernos regionales, como el de Cusco, muestran limitada capacidad de control, lo que permite que alrededor del 80% de operadores turísticos y mineros informales evadan regulaciones. En Perumin se discutió cómo esta crisis refleja un «Estado en B» que, en la práctica, tolera la ilegalidad, como concesiones vencidas o la falta de control en accesos a Machu Picchu, donde la Contraloría advierte desorden agravado por mafias de reventa.

La informalidad no solo amenaza al santuario con sanciones internacionales, también frena el crecimiento económico: el IPE alerta que la minería ilegal es el mayor riesgo para el sector, deteniendo proyectos que podrían generar empleo formal en regiones empobrecidas. Ante ello, gremios y organizaciones ciudadanas plantean reformas urgentes, como la creación de una autoridad autónoma para proteger patrimonios críticos. Un llamado de atención antes de que sea muy tarde.