Arequipa exhibe su potencial minero en Perumin entre inversiones millonarias y falencias estatales
La región del Misti se consolida como hub minero con una cartera de más de US$ 29,000 millones. En Perumin 37 se resaltó el avance en proyectos, pese a los conflictos socioambientales, la mala distribución del canon y la debilidad estatal que frenan un desarrollo equitativo.
Redacción Vigilante
Publicado 4:15 pm, 2 octubre, 2025
Durante Perumin 37, Arequipa se reafirmó como epicentro de la minería formal en Perú, con proyectos que superan los US$ 600 millones solo en 2025. El gobernador Rohel Sánchez destacó que la región “aporta cerca del 15% del empleo directo en minería a nivel nacional”, impulsando además sectores como el turismo y el transporte.
Arequipa, segunda productora de molibdeno y tercera de cobre y oro en el país, concentra junto a Cajamarca y Apurímac el 57.9% de la cartera nacional de proyectos mineros, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Solo en el primer trimestre de 2025 exportó US$ 604 millones, reflejando su dinamismo económico. Entre sus proyectos emblemáticos están Tía María (US$ 1,802 millones) y Zafranal (parte de una cartera superior a US$ 7,500 millones), con inicio de producción en 2026, según anuncios en Perumin. Otros son la Optimización de Cerro Verde y Pampa del Pongo, que suman US$ 6,954 millones en inversiones para 2025-2026.
Estos avances contrastan con retos estructurales. Arequipa genera más de 36,000 empleos mineros directos y formales a mayo de 2025, pero enfrenta conflictos sociales como los que paralizaron Tía María por 16 años hasta su reinicio en octubre de 2025. Problemas ambientales, especialmente en la gestión del agua, mantienen tensiones con comunidades campesinas, según la Defensoría del Pueblo. Además, la minería ilegal —que avanza en varias regiones y amenaza a Arequipa— agrava el escenario, mientras más de 8,400 pasivos ambientales mineros permanecen sin solución efectiva.
Canon minero: recursos abundantes, pero mal gestionados
Arequipa recibe alrededor del 40% del canon generado en su territorio, lo que significó más de S/ 1,000 millones en 2025, equivalente al 50% del impuesto a la renta de las mineras. A nivel nacional, entre enero y junio de 2025 se distribuyeron S/ 6,982 millones de canon, el segundo monto más alto registrado. Para 2025-2026 se proyecta un aumento: Tía María podría elevar el canon regional en un 40%, según Southern Perú; mientras Cerro Verde anticipa un «boom» en 2026 gracias a un incremento del 65% en sus utilidades netas en el primer trimestre de 2025. En 2024, el canon y las regalías superan los S/ 268 millones.
Pese a estos flujos, especialistas advierten que estos recursos no se traducen en desarrollo. El canon minero con frecuencia se diluye en corrupción o proyectos ineficientes, sin diversificar la economía más allá del sector. Esto evidencia una gestión pública deficiente, donde el Estado falla en no asegurar la sostenibilidad del sector ni en combatir los costos sociales y ambientales que producen la minería informal e ilegal, dejando a comunidades vulnerables ante los impactos negativos.
Debilidad institucional, rol empresarial y desarrollo sostenible
El Estado peruano enfrenta duras críticas por su lentitud en formalizar la minería a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que facilita el avance de la ilegalidad y genera incertidumbre entre inversionistas, como se advirtió en Perumin 37. Domingo Drago, representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que las limitaciones institucionales han permitido que la minería ilegal se expanda a nueve regiones amazónicas y amenace a Arequipa. Informes de Bloomberg y Mongabay alertan que la falta de políticas efectivas alimenta conflictos como el de Las Bambas, donde comunidades indígenas y mineros ilegales exigen participación en la riqueza mineral.
Además, las tensiones se han agudizado luego de que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego priorizara la minería sobre la agricultura, lo que provocó pedidos de renuncia desde los gremios agrarios. A ello se suma la débil fiscalización ambiental: más de 8,400 pasivos mineros permanecen sin remediación.
En este escenario, las empresas privadas asumen un rol cada vez más visible. Southern Perú y Teck Resources impulsan proyectos de energías renovables, como el Hub de hidrógeno verde y parques eólicos en La Joya y Caravelí. Sin embargo, en regiones con poca presencia estatal, las mineras actúan como “cuasi-Estados” generando dependencia, un punto que tuvo debate en Perumin 37. Jimena Sologuren advirtió que el sector privado no debe tener dicha carga, pero sí debe asumir responsabilidades frente a la corrupción y la informalidad.
La cartera minera nacional alcanzó US$ 64,071 millones en 2025, con 68 proyectos, de los cuales Arequipa, junto a Moquegua y Apurímac, concentró el 37.7% de inversiones entre enero y abril. Además, Arequipa proyecta 16 nuevos proyectos por US$ 15,169 millones al 2029. Pero especialistas advierten que, sin reformas estatales en la distribución del canon y un compromiso empresarial con la sostenibilidad, el auge minero podría profundizar desigualdades en lugar de traducirse en desarrollo.