Gobierno amplía estado de emergencia en las regiones del eje del Gas de Camisea: Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco

El Gobierno peruano oficializó la prórroga del estado de emergencia en distritos y centros poblados de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco mediante el Decreto Supremo N° 015-2025-PCM. La medida, que se extenderá por 60 días, busca reforzar la presencia militar y policial para contrarrestar las amenazas generadas por grupos insurgentes y conflictos locales vinculados al eje del gas natural, donde se han registrado crecientes episodios de violencia e inseguridad.

La prórroga incluye restricciones a derechos constitucionales básicos, como la libertad de reunión y la inviolabilidad de la correspondencia, con el fin de que las fuerzas de seguridad puedan actuar con mayor flexibilidad en la prevención y control de incidentes. El Ejecutivo sostiene que esta medida es temporal y necesaria para garantizar la seguridad de la población, la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas en zonas afectadas por la conflictividad. ¿Pero realmente el estado de emergencia es la solución?

Este estado de excepción se aplica en áreas donde la criminalidad y la presencia de grupos armados socavan el orden público, dificultando la intervención del Estado y el acceso a servicios esenciales. Según el decreto, las fuerzas armadas y la policía intensificarán sus operativos, mientras se intenta avanzar en procesos paralelos de diálogo y programas de desarrollo social.

Estado de emergencia: ¿una solución efectiva?

Los estados de emergencia suelen ser presentados como una respuesta rápida frente a situaciones críticas, pero su ampliación constante revela más limitaciones que logros. Si bien permiten desplegar fuerzas del orden y tomar medidas inmediatas ante una situación eventual, no resuelven los problemas estructurales que alimentan la conflictividad: pobreza, exclusión socioeconómica y débil presencia institucional.

En un análisis especial sobre el tema en el 2024, Vigilante.pe pudo corroborar que la medida de Estado de emergencia funciona como un paliativo que prioriza la militarización y la restricción de libertades, en lugar de avanzar hacia soluciones sostenibles. Ya en 2022 también explicamos que la suspensión de garantías constitucionales afecta la vida cotidiana de los ciudadanos y genera desconfianza hacia el Estado. La repetición continua de estos decretos instala una “normalidad” de excepcionalidad que puede erosionar el tejido social y aumentar la distancia entre comunidades y Gobierno.

La prolongación de este recurso no ofrece mejoras duraderas en seguridad ni convivencia, sino que reproduce un círculo de control que puede intensificar tensiones locales. En vez de ser un camino hacia la pacificación, termina postergando la implementación de políticas públicas serias e integrales que fortalezcan la institucionalidad y promuevan el desarrollo regional.