No todo el Perú está concesionado: desmontando un mito sobre la minería

En el debate público sobre la minería en el Perú se ha instalado una idea repetida con fuerza: “todo el territorio nacional está concesionado a unos pocos”. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la desmienten y revelan una realidad muy distinta.

Para empezar, solo el 59% del territorio nacional puede ser concesionado, según el Minem. El 41% restante está protegido o restringido debido a su condición de área natural, concesión forestal, ecosistema frágil, reserva indígena o zona arqueológica. En otras palabras, dos quintas partes del Perú están definitivamente fuera de cualquier posibilidad de explotación minera.

Del 59% del territorio nacional que puede concesionarse para minería, al cierre del 2024 se registraron 50,126 derechos mineros activos, lo que equivale apenas al 15% del país. En otras palabras, existe todavía un 44% del territorio con potencial minero que no está siendo aprovechado. Para graficarlo mejor: si el Perú fuera un hotel con 10 habitaciones, 4 estarían clausuradas (zonas restringidas para la minería); de las 6 disponibles, solo 2 estarían ocupadas (concesiones vigentes) y las otras 4, pese a estar en perfecto estado, seguirían vacías sin que nadie las alquile.

Pero la diferencia más significativa surge al observar cuántas de esas concesiones se encuentran realmente activas. Según los registros de Ingemmet, solo el 1,5% del territorio nacional corresponde a concesiones mineras en operación efectiva.

Dentro del territorio concesionado existe lo que comúnmente se denomina “concesión ociosa”, un término que describe derechos mineros inscritos legalmente pero que no se encuentran en explotación ni en fase de exploración. Es como adquirir un lote para construir una casa: no siempre se levanta de inmediato, pero se asegura el derecho de hacerlo en el futuro. En minería ocurre lo mismo: estas concesiones representan un capital en espera, listo para convertirse en proyecto cuando el concesionario lo decida.

En ese contexto, es importante señalar que nadie tiene derecho a invadir estos espacios, pues forman parte de una estrategia de largo plazo. No obstante, en la práctica pueden generarse contratos o acuerdos entre los titulares de concesiones y terceros, lo que abre la posibilidad de que esos derechos sean explotados por otras empresas bajo distintos esquemas.

El mapa regional liquida la mentira

El mito se termina de derrumbar cuando miramos región por región: aunque sí hay regiones con un alto porcentaje de concesiones, no todas están en actividad. Incluso, el Minem explica que la mayoría de esas concesiones se otorgan para plantas de beneficio, mientras que solo una parte menor corresponde a operaciones mineras tituladas.

Aunque no existe un reporte oficial que diferencie entre concesiones activas y concesiones ociosas, Vigilante.pe accedió a los datos del territorio concesionado en las principales regiones del país. De acuerdo con el Minem, a enero de 2024, Arequipa lidera el ranking con 1,547 concesiones, abarcando solo un poco más de un millón de los 6,3 millones de hectáreas que tiene el territorio de la mencionada región.

Le siguen Lima y Callao con 1,428 concesiones (con más de 755 mil hectáreas). En tercer lugar se ubica Áncash con 1,255 concesiones; muy cerca aparece Huancavelica con 1,251 concesiones sobre 501 mil de 2,2 millones de hectáreas que cubre el territorio de esta región. Luego viene Ayacucho con 774 concesiones, mientras que La Libertad alcanza 808 concesiones sobre un área de más de 512 mil hectáreas. En el séptimo puesto está Cusco con 601 concesiones que se extienden en alrededor de 461 mil de las 7,1 millones de hectáreas que tiene en total la superficie cusqueña.

Vigilante.pe también identificó que cuatro regiones concentran casi la mitad de toda la inversión minera del país: Moquegua, Arequipa, Áncash y Apurímac. Entre enero y mayo de 2025, recibieron juntas cerca del 48,5%. Según cifras oficiales, Moquegua lideró con US$ 276 millones, equivalente al 15% del total invertido a nivel nacional. Le siguió Arequipa, con alrededor de US$ 220 millones (11,9%), mientras que Áncash alcanzó los US$ 199 millones (10,8%) y Apurímac llegó a US$ 198 millones (10,8%). El efecto positivo de la minería formal también se refleja en el empleo. Arequipa encabeza la lista con casi 39 mil trabajadores directos, seguida por Moquegua con 24 mil y La Libertad con 23 mil.

La minería legal peruana es, en extensión, mucho más limitada de lo que se cree pese a los beneficios que genera. El problema no solo es la ilegalidad que la amenaza, sino la fragilidad del sistema, la falta de cooperación para ordenar el sector y la precariedad en la que se desenvuelven miles de pequeños mineros atrapados en procesos interminables de formalización.