Fin de concesión de buses en Machu Picchu revela caos estatal y amenaza al turismo

En un país donde el turismo representa una de las principales fuentes de ingresos, Machu Picchu acumula problemas como rayas al tigre: desde huelgas recurrentes hasta fallas en la plataforma de venta de entradas y, ahora, el inminente fin de la concesión de los buses que transportan a miles de visitantes cada día. Esta nueva crisis no solo amenaza con paralizar el acceso a una de las maravillas del mundo, sino que expone la ineficiencia crónica del Estado peruano en la administración de su patrimonio histórico, dejando a Cusco, la región más dependiente del turismo, en una posición vulnerable que podría costar millones en pérdidas económicas.

Incertidumbre por el fin de la concesión de buses, un golpe al sector turístico

El contrato de la empresa Consettur, que durante 29 años ha operado la ruta Hiram Bingham entre Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes) y la ciudadela inca, finalizó el 4 de septiembre de 2025. Según fuentes del sector, como la Cámara de Turismo de Cusco y gremios locales, esta terminación genera un vacío operativo que podría interrumpir el flujo de turistas. Empresas locales autorizadas por la Municipalidad de Urubamba asumirán temporalmente el servicio, pero sin un plan claro de transición los operadores turísticos advierten sobre un posible caos en el transporte, afectando a visitantes con boletos ya adquiridos.

Juan Stoessel, vocero de la Cámara de Turismo de Cusco, calificó la situación como “catastrófica”, no solo por el impacto inmediato en el traslado —un trayecto de unos 30 minutos que moviliza a miles de personas al día—, sino porque refleja una falta de visión estratégica por parte del gobierno central. “Machu Picchu no puede ser rehén de improvisaciones”, declaró Stoessel, enfatizando cómo esta incertidumbre proyecta al Perú como un destino poco confiable para los operadores internacionales. Los gremios turísticos cusqueños, en comunicados conjuntos, advirtieron que la ausencia de mecanismos claros desde marzo de este año podría retrasar la recuperación del sector, que aún se resiente de la pandemia.

La crisis se agrava por el contexto de la ruta alternativa: el Camino Inca, que aunque pintoresco, no tiene la capacidad para absorber el volumen de turistas que dependen de los buses. Además, las protestas en Urubamba han escalado, con pobladores de Machu Picchu Pueblo defendiendo su rol en el turismo y criticando al alcalde local. La congresista Ruth Luque Ibarra ha presentado un proyecto de ley para declarar de interés nacional la recuperación de la ruta Hiram Bingham, proponiendo su administración directa por municipalidades distritales, lo que subraya la desconexión entre el Estado central y las regiones.

Problemas en la venta de entradas, otro síntoma de ineficiencia gubernamental

Al dilema de los buses se suma la crisis en la venta de entradas a Machu Picchu, que obliga a turistas a formar largas colas en las boleterías de Aguas Calientes. Rosendo Baca Palomino, gerente regional de Turismo en Cusco, reportó un incremento del 100 % en los precios de alojamiento y alimentación debido a que los visitantes se ven forzados a extender su estadía. De las 1,000 entradas físicas disponibles diariamente, solo se venden entre 350 y 400. Stoessel interpreta esto como una estrategia deliberada para retener a los turistas y fomentar el consumo local, pero a costa de su experiencia.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, aseguró que el problema se resolvió desde el 1 de agosto, pero las filas y el desorden continúan, según testimonios de gremios. Esta discrepancia entre los anuncios oficiales y la realidad sobre el terreno resalta la ineficiencia estatal: un patrimonio mundial como Machu Picchu, que genera millones en divisas para Cusco y para el país, sufre por una gestión fragmentada y decisiones unilaterales. “Los turistas se sienten secuestrados”, lamenta Stoessel, aludiendo a cómo esta situación erosiona la confianza en el destino y afecta a pequeños prestadores de servicios en la región, desde guías hasta artesanos.

Impacto económico y llamado a la promoción regional

El turismo en Cusco representa más del 80 % de su economía, con Machu Picchu atrayendo a unos 1,5 millones de visitantes al año en épocas prepandemia. La crisis actual podría reducir este flujo en un 20 a 30 %, según estimaciones de gremios, impactando no solo a grandes operadores sino también a comunidades locales que dependen de la cadena de valor turística. La promoción de regiones como Cusco se ve empañada por estos episodios, que proyectan al Perú como incapaz de manejar su legado incaico, ahuyentando inversiones y turistas de alto poder adquisitivo.

Expertos proponen soluciones sostenibles: mecanismos alternativos de acceso, como buses eléctricos para reducir el hacinamiento, y una licitación transparente para 2026 que priorice a empresas locales. Sin embargo, sin una articulación entre el Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales y los municipios, el riesgo de parálisis persiste. Esta evidencia de ineficiencia estatal exige una reforma: Cusco, con su rica herencia cultural, merece una gestión que potencie su potencial en lugar de sabotearlo.

En resumen, el fin de la concesión de buses es solo el último capítulo en una saga de desaciertos que demanda acción inmediata. Si el Estado no actúa, Machu Picchu podría pasar de ser un ícono de orgullo nacional a un símbolo de negligencia, perjudicando irreparablemente la imagen del Perú y el desarrollo de sus regiones.