Demoras en la construcción del Hospital Santiago Apóstol: ¿dónde está el dinero de los contribuyentes en Amazonas?

La construcción del Hospital «Santiago Apóstol» en Bagua Grande, un proyecto clave para la Región Amazonas con código único de inversión (CUI) 2094709, enfrenta persistentes demoras que generan inquietud entre la población local. Declarado viable el 8 de noviembre de 2016, el proyecto busca fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud en una región con indicadores alarmantes: una tasa de anemia infantil del 42,5% en menores de tres años en 2024, desnutrición crónica infantil alrededor del 12,1% y cobertura de vacunación variable, a menudo por debajo del 70% en vacunas clave como la antipolio en áreas similares. Con solo unos pocos hospitales principales en la región, como el Hospital Regional Virgen de Fátima en Chachapoyas y el Hospital de Apoyo en Bagua, la necesidad de esta infraestructura es urgente para atender a una población de más de 400,000 habitantes con limitados servicios de salud.

A la fecha, la obra civil no ha comenzado, pese a pagos significativos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), entidad encargada de la gestión. UNOPS no construye directamente, sino que administra el proceso: el Estado transfiere fondos y subcontrata a UNOPS la licitación internacional y la supervisión del cumplimiento, garantizando estándares globales. Fuentes consultadas, incluyendo conversaciones con residentes de Amazonas y datos públicos, revelan un panorama de procesos fallidos y recursos asignados que aún no se traducen en avances concretos. Esta situación subraya la necesidad de una estricta vigilancia sobre el uso de fondos públicos, en línea con principios anticorrupción que priorizan la transparencia y la rendición de cuentas.

Los inicios accidentados del proyecto: problemas desde el origen

El proyecto inició su trayectoria en 2016 con la declaración de viabilidad, pero enfrentó tropiezos iniciales bajo la gestión directa del Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA Amazonas). En enero de 2023, la Contraloría alertó que el GOREA otorgó una buena pro a una empresa sin experiencia acreditada. Además, en diciembre de 2022, se señaló el riesgo de ejecutar sin tenencia legal del terreno. Estos problemas llevaron, en julio de 2024, a la suscripción de un Convenio de Administración de Recursos (CAR) con UNOPS como entidad contratante y gestora, delegando la convocatoria y adjudicación de contratos de obra y supervisión a través de licitaciones públicas en la plataforma UNGM.

Según registros del portal de transparencia del GOREA, en 2024 se transfirieron S/ 11’569,270 a UNOPS como proveedor para actividades relacionadas con el proyecto. Para 2025, el monto asciende a S/ 94’000,000, lo que representa un compromiso financiero sustancial por parte del Estado peruano. Sin embargo, estas inyecciones de capital no han impulsado el inicio de la construcción, lo que plantea interrogantes sobre posibles actos inusuales en la gestión de los recursos.

Estado actual de la obra: procesos estancados y sin adjudicación

La obra civil del hospital permanece en fase preparatoria, con un avance físico del 0%. UNOPS informó el 27 de junio de 2025 que la primera licitación internacional (ITB) recibió una sola oferta que superaba ampliamente el presupuesto, lo que llevó a su cancelación. Posteriormente, se relanzaron procesos para la obra y su supervisión, con una proyección de adjudicación hacia la quincena de septiembre de 2025. No obstante, hasta el 5 de septiembre de 2025, no hay anuncio oficial de adjudicación en el portal UNGM (United Nations Global Marketplace).

En paralelo, avanza un proceso vigente para el suministro de equipos electromecánicos (ITB/2025/58307), publicado el 6 de agosto de 2025 y con cierre previsto para el 7 de octubre. Aunque esto indica movimiento en aspectos complementarios, no sustituye el inicio de la construcción principal. Precisamente, esta aparente contradicción fue denunciada por periodistas de Radio Amazonas, en una entrevista que realizaron a Camila Costa, Directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, donde residentes locales expresaron su conmoción por estas irregularidades. Estos cuestionan si el proyecto «ya no tiene presupuesto», a pesar de las evidencias de fondos autorizados.

Presupuesto autorizado, pero sin ejecución física y con alerta por irregularidades

La Ley de Presupuesto 2025 (Ley N.º 32185) autorizó al GOREA a transferir recursos a UNOPS para la ejecución inicial del proyecto, con S/ 92 millones programados como fondo en el marco del CAR. Pese a estos compromisos, no hay reportes públicos de devengado o ejecución física de la obra civil, ya que el contrato principal aún no se ha adjudicado. Esto implica que los fondos se concentran en etapas preparatorias, sin impacto tangible en el terreno. Autoridades regionales y la ONU han confirmado la continuidad del proyecto, pero la ausencia de avances concretos alimenta dudas sobre la eficiencia en el uso de estos recursos, provenientes íntegramente de los contribuyentes peruanos.

Más recientemente, en mayo de 2024, la Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó informes por demoras y licitaciones declaradas desiertas. UNOPS ha explicado públicamente la cancelación del primer ITB por ofertas sobrepresupuestadas, pero reportes locales indican un segundo fracaso en el proceso, lo que intensifica la percepción de ineficiencias. Estas alertas resaltan la importancia de mecanismos anticorrupción para prevenir posibles desvíos o actos inusuales en proyectos de envergadura. El costo total no se detalla públicamente, pero el marco para 2025 es de S/ 92 millones para construcción y equipamiento.

Impacto en Utcubamba: espera prolongada y llamado a la transparencia

Para la población de Utcubamba, la adjudicación de la obra civil es el hito pendiente. Sin ella, no hay cronograma definido ni inicio de trabajos. Videos y publicaciones en redes del GOREA muestran avances en diálogos, pero la realidad es una espera que se remonta a años, afectando el acceso a servicios de salud en una región con altos índices de anemia y desnutrición infantil, y una cobertura de vacunación que deja vulnerables a muchos niños ante enfermedades prevenibles.

En tiempos de escrutinio público, es crucial recordar que cada sol invertido proviene de los contribuyentes. La vigilancia ciudadana y estatal debe intensificarse para asegurar que estos recursos cumplan su propósito: un hospital moderno para Amazonas, sin demoras injustificadas ni sombras de irregularidades. La sociedad amazónica merece respuestas claras y acciones concretas.