Puertas con logo de Coca-Cola y Lindley contaminan humedal de Quilcay

Un hecho preocupante para la biodiversidad se registró en el humedal conocido como Quilcay en Lurín. En los últimos días, decenas de puertas de refrigeradoras exhibidoras con logotipos de Coca-Cola y la embotelladora Lindley fueron arrojadas en el estuario formado por el río Lurín y la playa San Pedro, según constató la Municipalidad de Lurín, en coordinación con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La denuncia fue difundida con rapidez, especialmente tras la intervención del biólogo marino e influencer Daniel Cáceres Bartra junto a la activista Zoe Massey, quienes visitaron el lugar e informaron que, pese a la limpieza realizada en menos de tres días, aún se encuentran fragmentos de vidrio y marcos metálicos, lo cual representa un peligro latente para la fauna silvestre, en especial para aves migratorias.

El municipio de Lurín admitió no tener claridad sobre quién fue el responsable del arrojo de los desechos ni quién los retiró, sugiriendo incluso que podría haber sido el propio infractor tratando de evitar sanciones. Se anunció “vigilancia constante”, pero no se detallaron medidas adicionales de prevención ni responsabilidades claras.

Este suceso ocurre en un contexto sensible para el país, después de experiencias pasadas con derrames petroleros en Ventanilla (Repsol) y Lobitos (Petroperú), que también pusieron en jaque ecosistemas y comunidades costeras. Aun así, se vuelve a evidenciar una alarmante irresponsabilidad empresarial en la protección ambiental, que no debería repetirse en el año 2025.

El humedal de Quilcay —también llamado humedal San Pedro— situado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, distrito de Lurín, es un ecosistema clave como reserva natural para numerosas especies, especialmente aves migratorias, y actúa como filtro ecológico del agua entre el río y el mar. La degradación de este sitio no solo afecta la biodiversidad, sino también el valor cultural, ambiental y turístico que representa para Lurín y la ciudadanía en general.

Es imperativo que las empresas vinculadas, incluso si argumentan haber actuado a través de proveedores externos, se comprometan con una responsabilidad ambiental proactiva. La restauración no debe limitarse al retiro de desechos, sino incluir investigación sancionadora, reparaciones integrales y adopción de protocolos estrictos para garantizar que su logística no contamine espacios naturales vitales.

La ciudadanía exige que las autoridades y las empresas entiendan que la riqueza natural del Perú —su flora, fauna y humedales costeros— no es un residuo descartable, sino un patrimonio prioritario que debe preservarse, sin importar los costos.