Amnistía para militares abre un nuevo capítulo en la justicia peruana

La reciente Ley de Amnistía, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, busca poner fin a los procesos judiciales abiertos contra militares, policías y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Se trata de un acto de “restitución de dignidad” hacia quienes arriesgaron su vida por defender al Estado en uno de los periodos más violentos de la historia peruana.

“Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa”, declaró la presidenta Dina Boluarte durante la promulgación de la norma. También subrayó que muchos de los beneficiados “son hombres de 70 u 80 años que no deberían seguir cargando cadenas judiciales”.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó un saldo de casi 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos durante el conflicto armado interno. La mayor responsabilidad de las muertes recayó en Sendero Luminoso, que desató una violencia sistemática en todo el país.

En ese escenario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cargaron con la mayor parte del combate. Más de dos décadas después, muchos de los efectivos que enfrentaron esa guerra superan los 70 años y han pasado gran parte de su vida en tribunales. Procesos que, en muchos casos, se han extendido sin sentencia firme, consumiendo tiempo, recursos y energías de los acusados, sus familias y el propio sistema judicial.

El reto es equilibrar la justicia sin caer en impunidad

Los críticos de la amnistía sostienen que la norma es un retroceso en la lucha contra la impunidad. Para la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, se trata de «una traición a las víctimas», y dijo que “socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho en el país”.

Sin embargo, los defensores del proyecto señalan que no se trata de borrar responsabilidades, sino de reconocer que existen militares y policías sometidos a juicios interminables sin pruebas suficientes. Y, además, la ley contempla excepciones para casos graves o específicos, lo que busca evitar que las violaciones de derechos humanos queden sin sanción.

El reto, ahora, es doble. Por un lado, garantizar que la aplicación de la amnistía no deje en la impunidad a responsables de abusos graves. Por otro, fortalecer los mecanismos de reparación a las víctimas, de manera que la reconciliación nacional no sea un discurso vacío. Como han señalado especialistas, la justicia no puede ser infinita, pero tampoco puede olvidar.

En perspectiva, la Ley de Amnistía N° 32419 no borra el pasado, sino que intenta darle un cierre razonable. Reconocer a quienes defendieron la democracia no significa negar el dolor de las víctimas; implica equilibrar el relato y evitar que el Perú siga atrapado en una polarización que impide mirar hacia adelante.