Dina Boluarte intentó cobrar S/239,000 del Estado pero Poder Judicial frenó pago

En medio de un clima de descontento social, la presidenta Dina Boluarte buscó cobrar S/239,000 al Estado peruano por supuestos beneficios laborales de su etapa como jefa de la Oficina Registral Surco-Higuereta del Reniec (2020). La mandataria estaría reclamando conceptos como refrigerio, transporte, aguinaldo, bono de cierre, uniforme y hasta canasta navideña, además de beneficios sindicales pese a no haber pertenecido a gremio alguno.

En respuesta, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de Lima paralizó el polémico pago hasta que se resuelva el recurso de casación interpuesto en el caso. Los documentos judiciales muestran que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intentó inicialmente priorizar el desembolso bajo la figura de «ejecución anticipada de sentencia», pero meses después reconoció que se trató de un error al no cumplirse los requisitos legales, según la investigación periodística de Panorama.

Según trascendió, la demanda fue interpuesta por Boluarte en 2020, cuando aún se desempeñaba como funcionaria del Reniec. La cuantía reclamada equivale a más de seis veces el sueldo mínimo vital vigente en el Perú, y supera los S/200,000 que inicialmente se habían reportado.

Diferentes medios han confirmado que el caso judicial sigue su curso mientras la popularidad de la mandataria alcanza niveles históricamente bajos (78% de desaprobación según el IEP), en un contexto donde el 37% de peruanos vive en pobreza según el INEI. Las reacciones no se hicieron esperar: el congresista Wilson Quispe anunció que presentará un pedido de explicaciones formales a Palacio de Gobierno.

El intento de cobro se conoce semanas después de que el gobierno aprobara un aumento del sueldo presidencial a S/35,700 mensuales, generando críticas por falta de austeridad. Expertos consultados coinciden en que este nuevo caso podría profundizar la crisis de legitimidad del gobierno, ya que evidencia una aparente contradicción entre el discurso oficial y las acciones personales de la primera mandataria.

A la fecha, la Presidencia del Consejo de Ministros no se ha pronunciado sobre el caso. Fuentes judiciales anticiparon que la resolución final del Poder Judicial podría demorar varios meses, dejando en suspenso un pago que, de concretarse, generaría serios cuestionamientos éticos sobre el uso de recursos públicos en las altas esferas del poder.

De acuerdo con documentos judiciales, Boluarte exigió conceptos como refrigerio, transporte, bono de cierre, uniforme e incluso canasta navideña, pese a no haber sido sindicalista. La demanda, iniciada en 2020, tomó un giro polémico cuando el MEF intentó priorizar el desembolso bajo la figura de «ejecución anticipada de sentencia». Meses después, la entidad admitió que fue un error administrativo y retiró el caso por incumplir requisitos legales.

Según las diversas investigaciones periodísticas, este detalle revela un patrón de exigencias al margen de la ley, especialmente cuando el Poder Judicial tuvo que intervenir para frenar el pago, y el MEF reconoció que intentó acelerarlo sin sustento legal. La pregunta que queda flotando: ¿Es este el tipo de prioridades que debe tener una mandataria mientras el país enfrenta crisis económicas y reclama austeridad?