Dos casos de presunta corrupción acorralan a César Acuña

La empresaria favorita de la gestión de Acuña

Lucero Nicole Coca Condori, empresaria de 23 años sin título universitario, ha ganado licitaciones estatales por más de S/ 300 millones en el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, además de contratos en Junín y Loreto que suman otros S/ 229 millones. Su método consiste en formar consorcios donde su empresa, LC & EC Constructora, asume casi toda la responsabilidad de ejecución, mientras sus socios solo aportan la acreditación de experiencia, con porcentajes de participación mínimos.

En La Libertad, Lucero Coca obtuvo el contrato para el Corredor Vial Norte por S/ 12,5 millones en enero y, en mayo, la obra del Hospital Provincial de Virú por S/ 194,5 millones. En este último proyecto, su empresa tiene el 50 % de la responsabilidad, JM Constructores Peruanos el 49 % y la argentina Riva SA solo el 1 %, que corresponde al préstamo de experiencia. Si bien “el préstamo de experiencia” no es ilegal en estos casos, expertos sostienen que ello representa un vacío en la Ley de Contrataciones y, por ende, se le considera una “mala práctica”.

En abril, Coca replicó la fórmula en Junín, donde ganó el contrato más alto de su carrera: S/ 207 millones para mejorar el Hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, con una participación del 97 %, dejando a Riva SA el 3 % para acreditar experiencia. Ese mismo mes, obtuvo en Loreto la buena pro para el Hospital Felipe Arriola Iglesias por S/ 22,4 millones, con su empresa al 99 % y Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales al 1 %.

Epicentro TV y Panorama revelaron además reuniones previas entre César Acuña y el padre de la joven, Juan Carlos Coca Rojas, en marzo de 2024. También se registró una visita de Lucero Coca en mayo de 2025 al gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, un mes antes de firmar el contrato de Virú. Encuentros que levantaron las sospechas sobre la cercanía de la joven con el gobernador norteño. Acuña y Namay niegan las reuniones, pero reportes oficiales contradicen su versión. Acuña insiste en desvincularse del presunto caso de corrupción, pero crece el cuestionamiento ciudadano: si, como autoridad, no supervisa a su personal de confianza, su silencio podría hacerlo cómplice.

Cabe señalar que las adjudicaciones a LC & EC —de Lucero Coca— en La Libertad se firmaron sin cartas fianza, amparadas en la Ley N.° 32103, que permite sustituir esa garantía por una retención del 10 % de los pagos mensuales. Especialistas advierten que esto expone a la región a que la empresa no cumpla la obra y deje proyectos inconclusos, pese a haber recibido adelantos. El MEF registra que LC & EC ya cobró este año S/ 96 millones del Gobierno Regional de La Libertad.

Presuntos cobros ilegales en Procompite

Paralelamente, un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que Juan José Fort Cabrera, hombre de confianza de Acuña, exgerente de Producción del Gobierno Regional de La Libertad y coordinador político provincial de Alianza para el Progreso en Trujillo, está implicado en presuntos cobros indebidos dentro del programa Procompite. Esta iniciativa, según el Ministerio de la Producción, busca mejorar la competitividad de cadenas productivas mediante cofinanciamiento no reembolsable para planes de negocio, incluyendo equipos, maquinaria, infraestructura e insumos.

De acuerdo con denuncias de empresarios, Fort Cabrera —quien también ocupaba la presidencia del Comité Seleccionador de Procompite— les habría solicitado dinero para asegurarles un lugar entre los beneficiarios, usando a un intermediario: Jhonny Carranza Mejía, una persona de su máxima confianza pero que no pertenecía al GORE La Libertad. El presidente de la Junta de Propietarios de la Galería Plaza Toro, Alfonso León Angulo, denunció que lo citaron en una pollería y le pidieron S/ 5 mil para financiar una maquinaria, sin éxito final; el empresario textil Miguel Ángel Until dijo haber entregado S/ 25 mil en coimas y ganó el financiamiento de su proyecto, “pero había algunos problemas y todo quedó en nada”; asimismo, Linda Quiroz pagó S/ 5 mil con la expectativa de recibir una maquinaria en textil valorizada en S/ 242 mil, pero su trámite nunca se concretó.

Un informe del Gobierno Regional detectó que los concursos de 2023 y 2024 transgredieron la ley: faltaban expedientes técnicos, se presentaron documentos ilegibles, no se acreditó la propiedad de terrenos y hubo cotizaciones irregulares. El 8 de mayo de 2025, la Gerencia General declaró la nulidad de los concursos y ordenó retrotraerlos a la etapa de admisibilidad para reevaluar los 142 planes de negocio. El informe legal del 14 de abril señalaba que el comité evaluador, presidido por Fort Cabrera, no garantizó el cumplimiento normativo.

Pese al escándalo, César Acuña no ha querido rendir cuentas, pero sí anunció que Procompite continuará y que entre agosto y octubre se cumplirá lo ofrecido a los proyectos. Fort Cabrera fue destituido de su cargo. La Fiscalía de Trujillo, por su parte, ya investiga tanto los contratos de obras de LC & EC como las presuntas irregularidades en Procompite, mientras La Libertad no ve el progreso prometido.