Reglamento de Ley APCI: ¿qué implica y por qué su demora genera preocupación?

El pasado 14 de julio se cumplió el plazo legal para la reglamentación de la Ley 32301, norma que busca reforzar la fiscalización y la transparencia en el uso de recursos provenientes de la cooperación internacional destinados a organizaciones no gubernamentales (ONGs). A pesar de ello, el reglamento aún no ha sido publicado, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores vinculados a la cooperación internacional.

El canciller Elmer Schialer declaró recientemente que el reglamento estará listo “en las próximas semanas”, aunque evitó proporcionar una fecha específica para su oficialización. Esta demora ha generado incertidumbre respecto a la implementación de los mecanismos de control que la ley establece para garantizar un uso adecuado de los fondos.

La Ley 32301 fue concebida con el objetivo de asegurar que los recursos internacionales destinados a ONGs se utilicen estrictamente en los proyectos que fueron aprobados previamente, como los orientados al desarrollo social, salud y educación. Entre sus disposiciones más relevantes se incluye la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real y la aplicación de sanciones proporcionales en casos de irregularidades, como el desvío de fondos o la falta de rendición de cuentas.

La normativa también contempla severas sanciones para las organizaciones que destinen los fondos a actividades que puedan poner en riesgo la estabilidad nacional. Las penalidades incluyen desde advertencias formales hasta multas de hasta 500 UIT (unos 2.6 millones de soles) y la inhabilitación definitiva para operar. Además, exige a todas las ONGs –incluso las no vinculadas al Estado– reportar de forma detallada sus proyectos y el origen y uso de los recursos.

Un aspecto clave del texto aprobado en el Congreso es que se descartó la creación de un ente fiscalizador independiente, como planteaba el proyecto original. En su lugar, se optó por fortalecer la supervisión mediante la coordinación entre la Sunat, la APCI y la UIF. Esta nueva unidad de control se financiará con recursos ya existentes, sin representar un gasto adicional para el erario público.

Preocupación por el retraso en la reglamentación

Diversas organizaciones civiles han expresado su preocupación por la demora, advirtiendo que la falta de reglamentación clara puede debilitar la confianza de los cooperantes internacionales. También alertan sobre el riesgo de desvío de fondos hacia fines no previstos, como litigios contra el Estado, una de las prácticas que precisamente busca prevenir esta legislación.

Ante esta situación, la ciudadanía y actores involucrados en la cooperación internacional exigen al Ejecutivo la pronta publicación del reglamento. La entrada en vigencia de esta norma permitiría fortalecer el control sobre los recursos y avanzar en la consolidación de una gestión pública más transparente y responsable.

La implementación efectiva del reglamento es vista como un paso necesario para reforzar la rendición de cuentas y mejorar la gobernabilidad, en un contexto en el que la confianza institucional y el buen uso de los recursos resultan fundamentales para el desarrollo del país.