Petroperú: una carga fiscal insostenible que vive a costa de los peruanos

Mientras hospitales colapsan y las escuelas se deterioran sin mantenimiento, el Estado peruano continúa destinando miles de millones de soles a una empresa pública quebrada, ineficiente y sin perspectiva de futuro. En cualquier país con sentido común, una compañía con más de US$7,000 millones en deuda, que no cubre sus gastos operativos, que sobrevive únicamente gracias a inyecciones fiscales y que no logra una reestructuración mínima, habría sido ya liquidada o privatizada. En el Perú, esa empresa no solo continúa existiendo: es protegida, defendida y sostenida con recursos públicos. Su nombre: Petroperú.

La petrolera estatal ha dejado de ser un actor relevante en el mercado para convertirse en una pesada carga para las finanzas públicas. Incapaz de competir, innovar o generar rentabilidad, se mantiene artificialmente gracias a fondos que salen directamente del bolsillo de los contribuyentes. Pese a ello, el gobierno insiste en considerarla una empresa “estratégica”, cuando en realidad su impacto se asemeja al de una entidad inviable, atrapada en sus propios privilegios, su burocracia y su ineficiencia estructural. El caso más ilustrativo es el de la Refinería de Talara: presupuestada inicialmente en US$2,700 millones, terminó costando US$5,700 millones y actualmente genera más pérdidas que ingresos.

Al cierre de 2024, Petroperú registró pérdidas por US$774 millones, y estima una nueva pérdida de US$223 millones para 2025. Aunque el presidente de la empresa Alejandro Narváez intentó presentar esta reducción como una mejora, la realidad es que estas cifras están maquilladas por más de US$2,000 millones en avales y transferencias estatales, que cubren parte de sus operaciones y compromisos financieros. Sin esta asistencia, las pérdidas serían aún mayores.

Promesas incumplidas y medidas inconsistentes

Durante años, los distintos ministros de Economía han repetido promesas de eficiencia, apertura a la inversión privada y compromiso con la disciplina fiscal. Sin embargo, desde los tiempos de Kurt Burneo y Alex Contreras hasta José Arista y José Boggiano Pérez-Reyes, todos han optado por mantener a flote a Petroperú con fondos públicos. La estrategia ha sido siempre la misma: postergar la solución de fondo. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en los últimos 13 años la empresa ha recibido cerca de US$6,500 millones en apoyo financiero. Lo más preocupante es que ni siquiera cumple con el pago de estos préstamos, acumulando deudas que son luego asumidas por el Tesoro Público, es decir, por los contribuyentes.

Lejos de implementar reformas profundas, Petroperú ha hecho poco o nada para mejorar su eficiencia o reducir costos. No ha vendido activos improductivos, no ha reducido su planilla sobredimensionada ni ha corregido su deficiente gobernanza. Por el contrario, mantiene gerentes con sueldos de hasta S/30,000 mensuales, beneficios laborales excesivos —como transporte entre el hogar y la oficina— y cuenta con 12 sindicatos que bloquean cualquier intento de reforma. Informes internos han reportado incluso cortes de agua y restricciones médicas en su sede central, síntomas evidentes del deterioro operativo. Aunque la empresa lo niega, su situación de quiebra resulta evidente.

Ante ello, la Asociación de Coontribuyentes del Perú considera que la empresa estatal no responde a una necesidad pública, sino a un capricho heredado del estatismo, mantenido por intereses burocráticos y sindicales. “La situación de Petroperú no requiere más promesas ni reformas simbólicas, como la compra de bicicletas, sino una salida definitiva del Estado”, señala. Además, precisa que continuar financiando una estructura ineficiente representa un uso indebido de los recursos públicos, que deberían destinarse a servicios esenciales para la población.

¿Cuál es el riesgo para el Estado?

A diferencia de otras empresas estatales, Petroperú no está bajo el control de FONAFE y goza de una autonomía institucional que limita cualquier tipo de fiscalización técnica o ciudadana. La inestabilidad en su dirección también refleja su politización: los presidentes del directorio duran en promedio solo seis meses, frente a los 49 meses de hace dos décadas y media. Esta alta rotación es un reflejo del nivel de captura política y sindical que enfrenta la empresa. La adjudicación directa de lotes, sin concurso público, es otra señal del uso político de la petrolera, cuyas decisiones obedecen más a intereses corporativos y alianzas partidarias que a criterios técnicos.

Otro asunto que entra en discusión cuando hablamos de Petroperú es el principio de subsidiaridad. La Constitución peruana establece que el Estado solo puede participar en actividades empresariales de forma subsidiaria, es decir, cuando el sector privado no puede hacerlo. No obstante, en el sector hidrocarburos esta premisa no se cumple. Hoy existen empresas privadas con capacidad técnica, recursos e inversión para abastecer el mercado. Petroperú no es una necesidad estratégica: es un rezago del estatismo de los años 70, sostenido por quienes se benefician del aparato estatal.

Desde la Asociación de Contribuyentes del Perú, el mensaje es claro: ya no hay espacio para más parches ni rescates. Petroperú no necesita una nueva oportunidad, sino una salida definitiva del Estado. Cerrar la empresa o privatizarla ya no constituye una medida radical, sino una urgencia económica. El país no tiene nada más que perder, pero sí mucho que ganar. Mantener con vida a Petroperú tiene un alto costo: el futuro del país.