Petroperú: una empresa estatal en crisis crónica que sigue comprometiendo recursos públicos

La situación financiera de Petroperú sigue siendo un tema de alta preocupación fiscal. Pese a reiteradas declaraciones de distintos ministros de Economía a lo largo de los últimos años asegurando que no se destinarán más fondos públicos para rescatar a la empresa estatal, las acciones del Ejecutivo han demostrado lo contrario: garantías soberanas, capitalizaciones y préstamos respaldados por el Tesoro Público han mantenido a flote a una compañía que acumula pérdidas por más de 7,000 millones de dólares, según el ex titular de la empresa estatal César Gutiérrez.

En el último año, cinco ministros de Economía han reiterado su negativa a realizar nuevos rescates financieros a Petroperú. Sin embargo, todos terminaron avalando o facilitando mecanismos de apoyo estatal:

Raúl Pérez Reyes (desde mayo de 2025) anunció en julio que no habría más apoyo sin reformas profundas, pero amplió la garantía estatal de un préstamo de US$ 1,000 millones hasta 2028.

José Antonio Salardi (enero – mayo 2025) también aseguró el fin del financiamiento estatal, aunque no logró aplicar cambios significativos.

José Arista (febrero 2024 – enero 2025) firmó el Decreto de Urgencia 013-2024, autorizando uno de los mayores préstamos a Petroperú en la última década.

Álex Contreras (diciembre 2022 – enero 2024) respaldó múltiples líneas de crédito con aval estatal, incluyendo garantías por más de US$ 1,200 millones.

Kurt Burneo (agosto – diciembre 2022) aprobó una capitalización de S/ 4,000 millones tras la millonaria inversión en la refinería de Talara.

El patrón se repite desde gobiernos anteriores, incluyendo el de Ollanta Humala, bajo el cual se aprobó la salida de Petroperú del Fonafe y se impulsó la construcción de la nueva refinería, uno de los proyectos más costosos del Estado.

¿Reestructuración o nuevo rescate?

A pesar de las millonarias inyecciones de capital y las constantes promesas de reestructuración, Petroperú no ha implementado cambios significativos en su modelo de gestión. La venta de activos improductivos, la incorporación de capital privado y la modernización de su estructura administrativa siguen pendientes. En tanto, el Estado continúa respaldando sus deudas, lo que implica un riesgo directo para la estabilidad fiscal del país.

La reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de permitir que Petroperú acceda a nuevas líneas de crédito con garantía estatal ha encendido nuevamente las alarmas. Expertos advierten que este tipo de respaldo podría afectar la calificación crediticia del país y aumentar el déficit fiscal.

En esa línea, diversos sectores han cuestionado la continuidad del modelo actual. Desde la Asociación de Contribuyentes del Perú se ha reiterado que el Estado no debe participar directamente en sectores donde ya existe inversión privada y competencia, como el de hidrocarburos. La organización sostiene que los recursos públicos deben priorizar servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Petroperú continúa operando en un contexto de incertidumbre financiera, sin planes de reestructuración concretos ni una estrategia clara para reducir su dependencia del erario nacional. A la fecha, más de US$ 7,000 millones en pérdidas acumuladas y múltiples rescates encubiertos configuran un panorama crítico para la empresa. Pero el debate continúa: ¿debe el Estado seguir financiando una empresa crónicamente deficitaria o es momento de replantear su rol en el sector energético?