Nueva Ley ONG continúa sin reglamento: ¿qué temas regulará?

La nueva ley que modifica el marco legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Perú aún no cuenta con un reglamento específico. La Ley N° 32301, promulgada el pasado 15 de abril de 2025, ha encendido un intenso debate por sus implicancias legales. Pero la demora en su implementación solo aumenta estas controversias.

A pesar de estar vigente desde hace tres meses, la implementación efectiva de la ley depende de un reglamento, que en este momento no tiene un plazo límite para su publicación. Esta falta de reglamentación ha generado incertidumbre tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para las autoridades encargadas de fiscalizar.

Entre sus disposiciones más relevantes, la ley establece que las ONG no podrán usar fondos extranjeros para financiar litigios contra el Estado peruano, una de las medidas más cuestionadas por diversos sectores. Además, establece un control previo de los proyectos que serán financiados con cooperación internacional, los cuales deberán ser aprobados por la APCI antes de su ejecución.

Otro cambio significativo es el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la APCI, que ahora podrá imponer multas más altas, exigir mayor transparencia financiera y suspender iniciativas que incumplan los requisitos establecidos. El objetivo es centralizar el monitoreo de las donaciones internacionales y asegurar que se utilicen para lo que realmente fueron destinados (los proyectos reales de las ONG) y de manera legítima, evitando que se destinen a fines considerados como “agendas políticas o ideológicas”.

Un trasfondo de informalidad

La promulgación de esta ley responde, en parte, a una problemática de larga data: según el Ministerio de Relaciones Exteriores, más del 85% de las ONG que operan con fondos internacionales no registran sus actividades ante la APCI, a pesar de la obligación legal de hacerlo. Esta situación ha sido calificada como un “vacío de transparencia” que abre la puerta a posibles irregularidades.

La norma se inspira, además, en experiencias internacionales. Países como Estados Unidos y Reino Unido imponen restricciones y obligaciones similares a las organizaciones financiadas con recursos extranjeros, incluyendo el registro como agentes de influencia política y sanciones penales por incumplimiento.

La Nueva Ley ONG deberá definir en su reglamento el funcionamiento del sistema de información en tiempo real de la APCI, los plazos para aprobar proyectos de cooperación internacional y las consecuencias del silencio administrativo por parte del Estado. Por ello, es necesario que no pase más tiempo sin implementarse.

Críticas desde la sociedad civil

La Nueva Ley ONG evidencia una tensión creciente entre el derecho a la libertad de asociación y la necesidad del Estado de fiscalizar el uso de fondos extranjeros. Mientras el Gobierno argumenta que busca más transparencia y control, organizaciones de la sociedad civil señalan que la norma podría convertirse en un mecanismo de censura indirecta.

En esa línea, el Instituto de Defensa Legal (IDELE) presentó una acción de amparo contra la APCI, el Congreso y el Despacho Presidencial. Según el IDELE, la norma atenta contra la libertad de asociación y la autonomía organizacional, al impedir que se financien acciones legales contra el Estado con dinero proveniente del exterior. La medida de amparo fue admitida el 3 de junio y sigue en curso.

No obstante, la polémica no es unilateral. Voces críticas han señalado que organizaciones como el IDELE reciben importantes fondos internacionales cuyo uso no ha sido debidamente registrado. Además, se les vincula con demandas judiciales controvertidas, incluyendo la defensa de personas acusadas de delitos graves, y con campañas contra proyectos estratégicos del Estado como la minería formal y el aprovechamiento sostenible de la Amazonía, a veces financiadas por entidades extranjeras como USAID.

El futuro de la ley dependerá en gran parte del contenido del reglamento aún pendiente y de la resolución judicial de la acción de amparo que continúa en curso. Por ahora, el debate sigue abierto y la norma ya ha empezado a reconfigurar el panorama de la cooperación internacional en el país.