Congreso abre la puerta al control político de las cajas municipales

El pasado 22 de mayo, el Congreso de la República aprobó en primera votación un texto sustitutorio que propone cambios a la Ley 30607, con el objetivo de modificar la composición de los directorios de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). La iniciativa, impulsada por los congresistas Ilich López y José Jerí, plantea dos medidas principales: incluir como director a un representante de las MYPES, designado por CONACO, y habilitar a excongresistas de las comisiones de Economía, Presupuesto o Finanzas para que puedan integrar los directorios al término de su mandato.

Ambas propuestas han encendido las alarmas entre gremios empresariales y especialistas, al advertirse que podrían abrir la puerta a la politización de estas entidades financieras descentralizadas, cuya autonomía ha sido clave en su sostenibilidad.

Actualmente, las cajas municipales administran más de S/32 mil millones en ahorros. Su rol ha sido clave para la inclusión financiera de miles de pequeños emprendedores peruanos en regiones donde la banca tradicional no llega. Sin embargo, los cambios propuestos por el Congreso podrían alterar de forma significativa su funcionamiento.

UNA LEY CON NOMBRE PROPIO

El dictamen aprobado agrupa los proyectos de ley 5514/2022-CR y 5620/2022-CR, y plantea que los directores de las cajas -actualmente designados bajo estándares técnicos supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros- incluyan a un representante de las MYPEs nombrado por la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO). Esta organización, sin reconocimiento oficial ni validación gremial amplia, estaría asumiendo un rol clave en la designación de autoridades financieras.

Lo que ha despertado mayor sospecha es que el congresista José Jerí, uno de los impulsores de la norma, mantendría vínculos directos con CONACO, la organización a la que se le otorgaría el poder de designar directores en las cajas. Según declaraciones públicas de Guillermo Berdejo, presidente de otra facción de la Corporación Nacional de Comerciantes, Jerí es miembro activo y ha sido asesor de CONACO, lo que podría configurar un conflicto de intereses, al promover una ley que beneficiaría directamente a una entidad con la que tiene cercanía funcional.

PUERTA GIRATORIA PARA CONGRESISTAS

Otro punto crítico del proyecto es que habilitaría a excongresistas que hayan formado parte de las comisiones de Economía, Presupuesto o Finanzas -como López y Jerí- a postular como directores de cajas municipales apenas concluya su mandato. Esto ha sido calificado por expertos y gremios como un intento de crear una “puerta giratoria”, mediante la cual legisladores asegurarían posiciones bien remuneradas en instituciones que antes ayudaron a regular.

Actualmente, para ser director de una CMAC se requiere contar con experiencia comprobada en el sistema financiero, estudios especializados y una trayectoria profesional limpia. De aprobarse en segunda votación, estos criterios podrían verse relativizados, al introducirse criterios políticos por encima de los técnicos.

RIESGO DE INESTABILIDAD

La norma también propone limitar el mandato de los presidentes de directorio a uno o dos años, lo que podría generar una alta rotación en puestos clave y debilitar la continuidad en la gestión. Además, se recortaría el rol de la SBS en la supervisión de los jefes de auditoría interna, facilitando el ingreso de personas sin los filtros de idoneidad moral y técnica que exige la Ley del Sistema Financiero.

GREMIOS Y ESPECIALISTAS RECHAZAN LA PROPUESTA

Diversos gremios, como la Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepcmac) y la Asociación PYME Perú, han expresado su rotundo rechazo. Acusan al Congreso de legislar sin consulta técnica, respondiendo a intereses particulares y poniendo en riesgo un modelo que ha funcionado durante más de cuatro décadas.

Incluso desde el propio sector comercial han surgido críticas. Guillermo Berdejo, presidente de una facción de CONACOO, denunció que la organización mencionada en la ley no representa a las verdaderas microempresas y cuestionó la coincidencia de nombres como una estrategia para confundir a la opinión pública.

De concretarse en una segunda votación, esta reforma podría alterar profundamente el modelo de gestión de las cajas municipales, debilitando su autonomía, su legitimidad y su efectividad en el financiamiento de las MYPES. Lo que se presenta como una democratización de los directorios podría en realidad ser una toma política de control, en perjuicio de millones de pequeños ahorristas y emprendedores.

Mientras tanto, gremios y especialistas han anunciado movilizaciones, pronunciamientos y acciones legales para evitar que esta norma se convierta en ley.