Una legislación laboral que castiga la productividad

El Perú enfrenta un serio problema de productividad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el promedio de productividad por hora trabajada en el país es de apenas 13.3 dólares, menos de la mitad de lo que produce un trabajador en Chile (34.2) y por debajo de otros países vecinos como Colombia (18.9) y Ecuador (15.8). Parte de la explicación está en la elevada informalidad -según IPE 7 de cada 10 trabajadores son informales-. Pero hay un factor estructural que rara vez se discute: la rigidez de nuestra regulación laboral.

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el puesto 134 de 141 países en lo que respecta a prácticas de contratación y despido. Un marco legal que, en la práctica, protege la permanencia antes que el desempeño, genera distorsiones que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores más comprometidos.

Un ejemplo evidente es el caso del despido por rendimiento deficiente. Aunque la ley contempla esta causal, exige condiciones casi imposibles de cumplir: probar que el trabajador rinde por debajo de su capacidad y por debajo del promedio de otros trabajadores en condiciones similares. Esto requiere una base de datos sólida, histórica y comparable, que pocas empresas en el país tienen. A ello se suma la interpretación restrictiva de los tribunales laborales, que termina blindando relaciones laborales improductivas.

La falta de claridad sobre qué se entiende por “condiciones similares” complica aún más el escenario. En la mayoría de empresas, no hay varios trabajadores haciendo exactamente lo mismo bajo las mismas circunstancias. El resultado: un despido justificado por baja productividad es casi una quimera legal.

La legislación laboral debería proteger al trabajador frente a abusos, no garantizar empleos a costa de la eficiencia o el mérito. Si una empresa no puede prescindir de un trabajador que no cumple con estándares mínimos de desempeño, no solo pierde competitividad: también se castiga indirectamente a quienes sí cumplen y se esfuerzan. Se desincentiva el mérito y se premia la mediocridad.

No se trata de abrir la puerta a un despido arbitrario arbitrario. Se trata de viabilizar mecanismos que sean objetivos, viables y justos que permitan tomar decisiones razonables cuando el vínculo laboral ya no funciona. Si queremos reducir la informalidad, se debería revisar las condiciones que hacen que el mercado formal sea inviable -además de la tramitología y el costoso papeleo-. De lo contrario, seguiremos atrapados en una economía donde lo productivo es lo informal, y lo formal es lo inviable.