Dina Boluarte suma siete investigaciones fiscales a menos de un año de dejar el cargo

A poco menos de un año de terminar su mandato, Dina Boluarte cierra su periodo presidencial con siete investigaciones judiciales por presuntos delitos cometidos durante su periodo como presidenta. A estas se suman las denuncias presentadas por la ciudadanía y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

De las siete investigaciones penales contra la mandataria, dos de ellas están en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá definir si se levanta o no la inmunidad presidencial para continuar con las investigaciones. La última de ellas fue presentada el 15 de mayo contra Boluarte y seis exministros de Estado. La denuncia recae en lesiones leves y graves a la víctimas de las manifestaciones entre 2022-2023.

Por otro lado, la mandataria es investigada por la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFFICCOP) y por el supuesto uso del coche presidencial para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. A este se le añade el presunto abandono de cargo por haberse realizado intervenciones estéticas, sin informar al Congreso de la República.

DENUNCIAS ESTANCADAS EN EL CONGRESO

El menú de denuncias contra la mandataria recaen, en su mayoría, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por María Acuña congresista de Alianza para el Progreso. Sin embargo, pese a la gravedad de las pruebas, el Congreso parece intentar blindar a la mandataria.

El 23 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta por el caso Rolexgate. La congresista de Fuerza Popular, Nilza Chacón, fue la encargada de presentar y sustentar el informe final. Su principal argumento se centró en el artículo 117 de la Constitución, el cual señala que un presidente en ejercicio no puede ser objeto de investigación.

Tras esta decisión, la fiscalía pidió al Congreso reconsiderar esta acción “para evitar la impunidad”. Además, la institución señaló que el parlamento incurrió en “graves vicios procesales” durante el análisis de la denuncia constitucional.

En total, sumado a las denuncias ciudadanas en la SAC, Dina Boluarte acumula un total de 34 denuncias en su contra.

ABOGADO DE BOLUARTE SE PRONUNCIA

Pese a las graves acusaciones, Dina Boluarte ha intentado minimizar, en varias ocasiones, los indicios en su contra. En la última sesión del Acuerdo Nacional, el 4 de abril, la presidenta señaló que la fiscalía usa los recursos del Estado para “investigaciones políticas”, en lugar de luchar contra la criminalidad.

No solo es la gran cantidad de denuncias que acumula Boluarte, también el silencio y rechazo a hablar con los medios. Desde hace más de 200 días Dina Boluarte no ha declarado a la prensa ni a las interrogantes de los periodistas sobre los cuestionamientos en su contra. La última ocasión que Boluarte respondió preguntas de reporteros, se mostró a la defensiva. “Escoge qué pregunta te respondo porque es una pregunta por prensa”, dijo durante su última ronda de preguntas el pasado 22 de octubre de 2024.

¿Quién paga por esa parálisis institucional? El ciudadano común. El que paga impuestos, el que espera una posta de salud en funcionamiento, el que necesita que su hijo estudie en un colegio sin techos colapsados. Cuando se normaliza que una mandataria con múltiples investigaciones continúe sin asumir responsabilidades políticas ni judiciales, el mensaje es claro: la rendición de cuentas no es para todos.

Y si el 95.9% de peruanos ya no aprueba a Dina Boluarte, la pregunta que queda es: ¿cuántas señales más necesitamos para exigir un país donde el poder no se administre con impunidad, sino con responsabilidad frente a quienes realmente sostienen al Estado: los contribuyentes?