Minería ilegal: millones en oro, hectáreas pérdidas y Estado ausente

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal le cuesta al país S/ 22,700 millones anuales, equivalente al 2.5% del PBI. Uno de los principales factores detrás de su crecimiento es el incremento sostenido del precio del oro. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2024 se exportaron 92 toneladas de oro ilegal, un 20% más que en 2023 y tres veces más que hace una década.

Ese mismo año, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los US$ 7,000 millones, un 43% más que el año anterior, según la SNMPE. Esta cifra equivale a 200 veces el presupuesto anual destinado a combatir la minería ilegal y formalizar la minería artesanal y de pequeña escala.

DEFORESTACIÓN Y DAÑO AMBIENTAL

A este avance se suma la debilidad institucional del Estado, que obstaculiza cualquier respuesta efectiva. La minería ilegal no solo representa pérdidas económicas: también arrasa con ecosistemas frágiles. En la Amazonía, la deforestación por esta actividad ha consumido 32 mil hectáreas en los últimos cuatro años, según un informe del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP).

Los impactos van más allá del medio ambiente. También afectan directamente la salud pública. En Áncash, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental documentó la contaminación de los ríos Plata, Tablachaca y Santa, este último clave para el abastecimiento de agua en regiones como Áncash y La Libertad.

UNA LEY IGNORADA SISTEMÁTICAMENTE

La minería ilegal es una clara violación de la ley. En el Perú, existen zonas en las que está prohibido realizar actividades mineras, pese a ello, estas restricciones son ignoradas sistemáticamente.

De acuerdo a ley, se prohíbe concesiones en tierras agrícolas intangibles, Áreas Naturales protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento, monumentos arqueológicos, zonas de expansión urbanas, zonas con presencia de oleoductos, gasoductos y proyectos hidráulicos y áreas con derechos mineros preexistentes.

ÁREAS PROTEGIDAS BAJO AMENAZA

Aunque la minería está prohibida en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) por ser zonas dedicadas a la conservación de la biodiversidad, en la práctica, esta actividad continúa degradando gravemente estos ecosistemas. Según un informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, desde 2010 hasta la fecha, se han identificado 18 proyectos ilegales en zonas de conservación. Las regiones más afectadas son Ucayali, Madre de Dios y Cusco. También se han registrado actividades ilegales en áreas como el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional de San Fernando, El Sira, Cotahuasi, Yaguas y zonas protegidas en Tumbes.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN JUEGO

La minería ilegal también afecta zonas arqueológicas. A finales de 2024, el Ministerio de Cultura (MINCUL), advirtió que la minería ilegal pone en riesgo la reserva arqueológica de las líneas y geoglifos de Nazca. La institución destacó que, pese a que la normativa prohíbe el ejercicio de esta actividad ilícita en zonas arqueológicas, la minería ilegal no toma en cuenta la normativa, por lo que es imposible la “regularización” de la misma.

MINERÍA ILEGAL EN ZONAS URBANAS: UN PROBLEMA QUE ESCALA

Las zonas de expansión urbana es otro de los puntos en donde la minería ilegal causa estragos. En mayo, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte, obtuvo una sentencia de seis años contra el gerente general de una empresa por el delito de minería ilegal, en la provincia de Canta. Según la Fiscalía, la empresa realizó actividades extractivas cerca de un albergue para ancianos en 2020.

Mientras tanto, el Estado oscila entre la inacción y la permisividad. La normativa existe, pero su aplicación es débil y la fiscalización insuficiente. La minería ilegal avanza como una plaga, vulnerando leyes, devastando ecosistemas y poniendo en riesgo la salud y el patrimonio cultural del país.