Fracaso del REINFO: un punto medio para una formalización eficiente

Antes de partir al Vaticano, la presidenta de la República, Dina Boluarte, firmó el Decreto Supremo N° 009-2025-EM. Esta norma estableció la rectoría y amplió un REINFO con un peligroso artículo: la herencia de la ilegalidad.

Entre las disposiciones complementarias está que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), puede cambiar de titular “por sucesión, cuando fallece el minero informal titular de la inscripción”. Este mecanismo permite que el REINFO -un sistema que ha fracasado- sea perpetuo y eterno.

UN SISTEMA QUE NO FUNCIONÓ

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), fue creado con la intención de formalizar a los mineros informales. Sin embargo, es un sistema envuelto en tramitología: muchas exigencias complejas y trámites que pueden durar hasta 12 meses solo para la evaluación de un estudio. ¿Cuál es el resultado de no generar los incentivos necesarios para no promover la formalización? Mineros que no se formalizan.

Además, el intento por formalizar la minería fracasó. Tras siete años de funcionamiento, existen 82,180 mineros inscritos en el REINFO, de ellos solo el 2% logró formalizarse. Este panorama revela que los mineros inscritos están muy alejados del proceso de formalización. Por otro lado, este sistema generó un espacio ambiguo donde coexisten mineros de distintos niveles y mafias ilegales que se han colado en el sistema.

UN PROBLEMA LATENTE: LA SUPERPOSICIÓN DE SUELOS

Uno de los principales cuellos de botella para avanzar en la formalización minera en el Perú es la sobreposición entre el derecho al suelo superficial y el subsuelo concesionado. Actualmente, 9 de cada 10 mineros inscritos en el REINFO operan en terrenos que ya han sido concesionados a empresas formales, lo que ha encendido un conflicto entre la pequeña minería y la gran minería.

El caso de los mineros ancestrales es especialmente complejo: muchos de ellos han trabajado la tierra desde hace décadas, poseen el terreno superficial, pero no cuentan con un título que los habilite legalmente a explotar el subsuelo. Mientras tanto, las grandes mineras —que han seguido todo el camino legal— denuncian una competencia desleal, pues ellas pagan impuestos, cumplen regulaciones ambientales y enfrentan trámites engorrosos, mientras que los del REINFO acceden a beneficios tributarios y reglas más flexibles.

Sin embargo, cancelar el REINFO sin ofrecer una alternativa viable solo empujaría a miles de pequeños mineros a la ilegalidad absoluta. Una ley no va a solucionar las cosas. Es necesario reconocer que dentro de este registro conviven realidades distintas. El reto que tiene el Estado es saber separar la paja del trigo, impulsando una política de formalización sería.

UN PUNTO MEDIO

En medio de un sistema entrampado, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) propone una solución intermedia que combina tres aspectos clave: legalidad, incentivos y reconocimiento de mineros ancestrales. Se trata de la creación del Título Habilitante de Minero Ancestral (TIHMA).

Esta figura permitiría a los pequeños productos, en especial los pequeños mineros que extraían mineral antes de la concesión, continuar con sus operaciones dentro del terreno en el cual han trabajado por décadas bajo ciertas condiciones: contar con RUC activo, poseer un título de propiedad o posesión legítima a la concesión vigente, haber estado inscrito en el REINFO entre 2012 y 2024, acreditar cinco años de actividad, presentar IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental) propio y demostrar pago de impuestos a la SUNAT.

Para garantizar la equidad, los titulares del TIHMA pagarían una compensación del 5% o 10% a la empresa concesionaria, según el tipo de minería. A diferencia del REINFO, no dependería de un contrato con la gran minera para operar formalmente, evitando que su formalidad se caiga si ese vínculo se rompe. Este pago se establecería a través de acuerdos privados regulados por el Estado, permitiendo una convivencia ordenada y justa entre actores mineros de distinta escala.

El verdadero desafío del Estado no es extender indefinidamente un registro que ha fracasado, sino construir un nuevo marco que permita formalizar sin criminalizar, y que respete tanto los derechos de los mineros ancestrales como el orden legal. Apostar por un punto medio puede ser el primer paso hacia una minería más justa, sostenible y libre de informalidad estructural.