Formalización: un engorroso proceso que desalienta al contribuyente

Iniciar un pequeño negocio resulta una tarea titánica para nuevos emprendedores. La licencia de funcionamiento, exigida por los municipios para operar legalmente, tiene vigencia indeterminada pero su trámite puede tardar días o meses, evidenciando una burocracia que entorpece la formalización y desalienta el emprendimiento. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU), las municipalidades cobran, en promedio, S/ 220 a cada usuario que tramita su licencia de funcionamiento. Pese a parecer un costo bajo, de acuerdo con el Ministerio de la Producción, para los emprendedores de bajos ingresos con ventas anuales menores a S/ 9,900, representa una barrera inicial para la formalización.

El RENAMU señaló que, en promedio, las municipalidades solicitan 5.7 requisitos para otorgar la licencia de funcionamiento. Sin embargo, regiones como Tumbes solicitan un promedio de 8.2 requisitos. Esto evidencia que los municipios vienen imponiendo distintos criterios para un mismo trámite. ¿Acaso es esto correcto o se deberían uniformizar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) para estandarizar los requisitos?

EMPRENDEDORES ATRAPADOS EN LA INFORMALIDAD

La imposición de barreras burocráticas por parte de las municipalidades arrastra a los emprendedores a la informalidad. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 55.6% de la población ocupada estaba en la informalidad en 2024. Además, el Ministerio de Producción (PRODUCE), informó que a nivel regional existen 9 mil MYPES que operaron en la informalidad durante el mismo periodo.

Las regiones con mayor tasa de informalidad de micro, pequeñas y medianas empresas son Huancavelica (97.1%), Apurímac (96.9%) y Puno (96.8%). De acuerdo a lo mencionado por el abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Diego Gomez, la alta tasa de informalidad de MYPES se debe a la excesiva burocracia que existe dentro del Estado para entrar en la formalidad. Además del papeleo para conseguir una licencia de funcionamiento, la Encuesta Nacional de Empresas reveló que el 90,6% de las MYPES consideran que la excesiva carga tributaria y fiscalización también son factores que impiden su correcta formalización.

¿QUIÉN PUEDE RESOLVER EL PROBLEMA? 

Las barreras burocráticas siguen siendo un freno a la Formalización. La tarea de eliminar estas barreras es del INDECOPI que, a lo largo de 2024, logró eliminar 2,200 de ellas en aproximadamente 45 entidades públicas. Si nos referimos exclusivamente a licencias de funcionamiento, INDECOPI eliminó 941 barreras en 34 municipalidades.

La misma institución también señaló, entre 2019 y 2024, que el número de funcionarios que participan directamente en la eliminación de barreras se redujo 20%, de 64 a 51 personas. Reflejando una clara limitación al rol del INDECOPI, pues a menor cantidad de personas la tarea se vuelve más difícil.