Reposición del crédito fiscal debió incluirse en el shock desregulatorio del MEF, advierten expertos

El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció la aplicación de un régimen desregulatorio con el objetivo de dinamizar la economía peruana, reducir el déficit fiscal, frenar el gasto público corriente excesivo y optimizar el dinero estatal proveniente del bolsillo de los peruanos. No obstante, sus medidas no reforman el proceder de la SUNAT, entidad encargada de velar por el cumplimiento de los contribuyentes pero que, en la mayoría de ocasiones, se convierte en el verdugo del sector formal peruano.

Entre las propuestas, no se planteó la corrección del plazo para acceder al crédito fiscal, un mecanismo que le permite a las empresas tener mayor liquidez, el cual se obtiene al restar el IGV de las ventas (débito fiscal) y el IGV de las compras (crédito fiscal). Si bien las empresas contaban con 12 meses para acceder a ese beneficio, ahora solo cuentan con 1 mes para hacerlo (registrar sus boletas de consumo). Según la economista y directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Camila Costa, “esta medida, lejos de facilitar el cumplimiento tributario, impone una carga administrativa y financiera desproporcionada sobre las empresas, afectando negativamente la inversión, la competitividad y la liquidez del sector privado”.

De acuerdo a lo mencionado por la experta, una alternativa viable sería ampliar el plazo a seis meses y eliminar la obligación de registro como requisito para aplicar el crédito fiscal. “Dado que la SUNAT ya cuenta con sistemas digitales avanzados, la medida no responde a una necesidad de fiscalización, sino que impone trabas innecesarias. Para fortalecer la formalidad y la inversión, la política tributaria debe reducir barreras en lugar de imponer rigideces que asfixian a las empresas”, sentenció.

Cabe mencionar que el crédito fiscal es un modelo de ahorro y recuperación de liquidez para las empresas. Sectores como el minero, industrial, financiero, seguros y salud suelen manejar altos volúmenes de operaciones que requieren procesos administrativos complejos, lo que hace inviable la anotación inmediata de los comprobantes en el Registro de Compras y subir toda la información en tan solo 1 mes.

Para Costa, el nuevo plazo genera una rigidez innecesaria en la gestión tributaria. Las empresas que no puedan registrar sus comprobantes dentro del mes perderán el derecho al crédito fiscal, lo que equivale a un encarecimiento artificial del IGV y una mayor presión sobre sus costos operativos. Es decir, más burocracia a costa de un beneficio que le corresponde a los contribuyentes.