El precio de la negligencia: cuatro años de crimen y descontrol en el Perú

La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las mayores amenazas para los peruanos, y la falta de liderazgo por parte los gobernantes solo ha empeorado la crisis. Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo hasta la actualidad, el país ha sido testigo de una gestión improvisada que debilitó a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio del Interior (Mininter) y permitió el avance del sicariato, la extorsión y otros delitos violentos. Mientras el Estado sigue sin una estrategia clara, los ciudadanos enfrentan el costo de esta negligencia con su propia seguridad.

28 de julio de 2021: inicio de la crisis

Pedro Castillo asumió la presidencia de la República en medio de un clima de polarización política. Desde el inicio, su gobierno se caracterizó por la inestabilidad, con cambios constantes en el gabinete, particularmente en el Ministerio del Interior. En apenas 13 meses, 7 personas pasaron por el cargo, lo que dejó en evidencia una falta de planificación en materia de seguridad y presuntos actos de corrupción.

• Juan Carrasco (julio – octubre 2021)
• Luis Barranzuela (octubre – noviembre 2021)
• Avelino Guillén (noviembre 2021 – enero 2022)
• Alfonso Chávarry (febrero – mayo 2022)
• Dimitri Senmache (mayo – julio 2022)
• Mariano González (julio 2022 – agosto 2022)
• Willy Huerta (agosto – diciembre 2022)

2022: Estados de emergencia y cambios en la PNP

El 28 de enero de 2022, Avelino Guillén renunció irrevocablemente al Ministerio del Interior, denunciando la falta de respaldo de Castillo en su intento de reformar la PNP. Guillén había detectado presuntas irregularidades en los ascensos policiales, advirtiendo que altos mandos dentro de la PNP estaban siendo promovidos sin mérito y por presiones políticas. Su salida desató una crisis interna en la PNP, agravando aún más la situación de inseguridad.

En febrero del mismo año, el gobierno declaró Estado de emergencia en Lima y Callao durante 45 días, autorizando la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP. La medida se prorrogó sucesivamente hasta completar 315 días en estado de emergencia en 2022, sin lograr una reducción significativa de la delincuencia.

Para agosto de 2022, el índice de criminalidad solo seguía en aumento. El gobierno de Pedro Castillo ordenó cambios en el alto mando de la PNP, luego de que un equipo especial de la policía, en coordinación con el Ministerio Público, allanó Palacio de Gobierno como parte de una investigación contra Yenifer Paredes, cuñada del ex jefe de Estado, por presuntos actos de corrupción relacionados con licitaciones irregulares.

El entonces comandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, fue removido de su cargo sin justificación clara y reemplazado por Raúl Alfaro Alvarado, un cambio que generó fuertes sospechas sobre las verdaderas intenciones del gobierno de turno.

7 de diciembre: día del golpe de Estado 

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, en un intento desesperado por aferrarse al poder en medio de investigaciones por corrupción. Sin embargo, su intento de autogolpe fracasó, esto generó una ola de manifestaciones que se extendieron hasta febrero de 2023.  Los disturbios derivaron en bloqueos de carreteras, incendios de sedes gubernamentales, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se reportaron 49 civiles muertos.

Criminalidad por las nubes

En marzo de 2023, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el índice de victimización delictiva en zonas urbanas aumentó del 18,2% en 2021 al 27,1% en 2023, lo que significó que 3,17 millones de peruanos fueron víctimas de robo en un solo año. Para septiembre de 2023, la violencia criminal escaló con el uso de granadas y explosivos en ataques a negocios y locales nocturnos.

Para diciembre de ese año, las cifras dejaban a todos perplejos. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Mininter, las denuncias por extorsión se dispararon en los últimos años, pasando de 4,510 casos en 2021 a 22,162 en 2023, un récord histórico.

El crimen organizado tomó las calles peruanas

En mayo de 2024, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el 27,7% de la población urbana de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo en los últimos seis meses, alcanzando la cifra más alta en los últimos ocho años. ​

Nuevo Estado de emergencia

El asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, el pasado 16 de marzo de 2025, sacudió al país y expuso la creciente ola de violencia. Entre 2021 y 2025, la inseguridad en el Perú se disparó debido a la inestabilidad política, la crisis en la PNP y la falta de estrategias efectivas. El gobierno apostó por Estados de emergencia sin resultados concretos, mientras el crimen organizado se fortalecía. Las próximas elecciones representan una oportunidad clave para elegir un liderazgo que priorice la seguridad y devuelva la confianza en el Estado. ¿Serán los peruanos capaces de votar informadamente esta vez?