Exconvictos en política: entre el derecho a la rehabilitación y la seguridad pública

Según la Constitución Política del Perú, las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso están impedidas de postular a cargos de elección popular, incluyendo la presidencia y el Congreso. Además, la Ley Orgánica de Elecciones establece otros impedimentos, como los relacionados con cargos incompatibles, entre ellos, destacan los deudores de reparaciones civiles y alimentarios morosos, así como aquellas personas con condenas a pena privativa de la libertad, ya sea efectiva o suspendida, por delitos dolosos.

En el caso de delitos graves como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, el impedimento aplica incluso tras la rehabilitación del condenado. No obstante, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta disposición, señalando que vulnera el principio de resocialización, ya que negaba el derecho a acceder a la función pública a personas que, tras su rehabilitación, deberían recuperar sus derechos en igualdad de condiciones.

El abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Diego Gomez, comentó que, en consecuencia, esta declaración permitiría que una persona que ya cumplió una condena de terrorismo o violación sexual postule a un cargo público de libre eleccion. Sin embargo, es esto legal y moralmente válido?

El experto aseguró que, desde el punto de vista legal, “el cumplimiento de una condena busca la resocialización del condenado, permitiéndole reintegrarse plenamente a la sociedad. Sin embargo, en un país con un sistema penitenciario deficiente y con altos niveles de hacinamiento, surge la duda sobre si realmente existe una rehabilitación efectiva”. Estudios indican que las cárceles peruanas no cumplen con esta finalidad, ya que muchas superan los estándares internacionales, lo que fomenta la delincuencia dentro de los pabellones en lugar de reducirla.

Ante esta situación, se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso que propone ampliar el impedimento constitucional para postular a cargos públicos. La iniciativa no busca una prohibición perpetua, lo cual sería inconstitucional, sino que establece un plazo de 10 años después de la rehabilitación para quienes hayan sido condenados por delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria y delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.