El desafío de la formalización minera: los retos que asume Jorge Luis Montero como titular del MINEM

El nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ingresa al sector en medio de una profunda crisis que tiene como principal problema la falta de un proceso adecuado y eficaz para formalizar la minería en Perú. Después de 12 años en vigencia, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no surtió el efecto esperado y, por el contrario, le abrió paso a más informalidad e ilegalidad.

La presentación tardía de la Ley MAPE por parte del extitular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Rómulo Mucho, le costó su puesto en el Poder Ejecutivo. Ahora, con la ampliación del REINFO, las posturas de las empresas mineras formales, el Estado, los inversionistas mineros en proceso de formalización y las mafias ilegales que explotan recursos a vista y paciencia de nuestras autoridades se contraponen nuevamente. Para diversos expertos, este es el principal reto que asume Montero Cornejo en el sector, al cual debe darle solución de manera inmediata.

En búsqueda de un punto medio, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) presentó una propuesta denominada Ley TIMAF en foros mineros organizados durante el último año. La iniciativa pretende abarcar toda la actividad minera a nivel nacional para buscar una formalización ordenada y célere dentro del sector. La finalidad es reconocer la actividad minera ancestral como actividad económica formal del país, estableciendo los requisitos que deben acreditar los mineros ancestrales para obtener de parte del MINEM, el título habilitante correspondiente. De esta manera, se impedirá que se utilicen regímenes temporales como el REINFO para que mafias ilegales continúen con la extracción de minerales.

Recordemos que,  según el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre 2015 y 2019, el 70% de las exportaciones de oro en Perú provinieron de canales ilegales. De acuerdo con la información del Instituto Peruano de Economía (IPE), el volumen exportado de oro ilegal alcanzó las 77 toneladas en 2023 y , si bien Perú exporta el 45% del oro en latinoamérica, el referido estudio reveló que el 44% de este total es ilegal.

Para el presidente de ACP y especialista en Gestión Pública, José Ignacio Beteta, “esta es una salida equitativa y balanceada para que los concesionarios y los productores mineros artesanales y ancestrales puedan convivir pacíficamente. Lamentablemente, es la realidad que le ha tocado vivir a ambas partes. Conviven. Pueden verse como hermanos o como enemigos. Pero la realidad se acepta y sobre ella se construye, nunca se evade”.