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¡Que el crimen organizado no nos gane la batalla!: gremios empresariales se pronuncian
Gremios empresariales exigen que se apruebe inmediatamente el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano. Asimismo, exhortan que se derogue la última modificación al Código Penal que debilitó la persecución del delito de crimen organizado.
Gabriela Llontop
Publicado 1:50 pm, 27 septiembre, 2024
Los gremios empresariales emitieron un comunicado exhortando al gobierno de Dina Boluarte a actuar con celeridad para frenar el crimen organizado. Recordemos que este último jueves 26 de septiembre, los transportistas urbanos de Lima y Callao acataron un paro de 24 horas para alzar la voz en contra de las extorsiones de las que son víctimas.
La situación que enfrentan los peruanos frente a la ola de criminalidad es crítica. Información del Ministerio del Interior y Comex Perú, reveló que, a nivel nacional, se registraron 14,220 denuncias por extorsión en 2024, siendo Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque y el Callao las regiones que concentran hasta el 80% de los casos reportados.
Comex Perú también indicó que, en 12 de 24 departamentos, el aumento de delitos como extorsión, hurto y estafa fue progresivo durante los últimos años. San Martín, Piura y Moquegua registraron un crecimiento mayor al 30% en el número de casos.
El “cobro de cupos” es un mecanismo utilizado por mafias delincuenciales para extorsionar a empresas de transporte, bodegas, centros de belleza, restaurantes y demás. Por ello, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se pronunciaron para exigir acciones inmediatas por parte del Estado para frenar la violencia.
Si bien el gobierno anunció un Estado de Emergencia en 11 distritos de Lima y 1 del Callao, y un proyecto de ley para sancionar la extorsión con cadena perpetua, la ciudadanía considera que estas medidas resultan insuficientes. En esta línea, los gremios empresariales solicitan que se apruebe inmediatamente el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y así se edurezcan las penas contra quienes los cometan. Asimismo, piden que se derogue la última modificación al Código Penal que debilitó la persecución del delito de crimen organizado.
Por último, exigen que el Estado fortalezca a los entes competentes de investigar y sancionar estos delitos. “Es imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de la represión al crimen y la administración de justicia, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial”.
Gabriela Llontop
Periodista y redactora