Eduardo Salhuana y sus nexos con la minería ilegal

El congresista Eduardo Salhuana Cavides, de la bancada de Alianza para el Progreso, preside la nueva mesa directiva del Congreso de la República. Entre sus principales retos se encuentra la aprobación por insistencia la ley de masificación de gas natural, la cual fue observada por el Ejecutivo para presuntamente beneficiar a Cálidda y sus empresas accionistas con un monopolio antinatural que desalienta la inversión privada y la libre competencia en el mercado.

Las dudas sobre si Eduardo Salhuana será capaz de poner en la lista de prioridades de la agenda del Pleno la promulgación de la ley de masificación de gas natural surgen a raíz de sus nexos con actividades informales e ilegales como la minería en Madre de Dios. Se conoce que el parlamentario sostuvo reuniones con los mineros informales de la zona y, además, presentó 2 iniciativas legislativas que favorecen a este sector.

En diciembre de 2021, presentó un predictamen, el cual fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, para extender por tres años el plazo del proceso de formalización minera, pese a que el plazo vencía el 31 de diciembre de 2021. Tiempo después, presentó el proyecto de Ley 2715 con el cual buscaba modificar el Decreto Legislativo 1100 y así permitir que la maquinaria incautada en operaciones ilegales no fuera destruida, sino entregada a los municipios.

A sus presuntos vínculos con la minería ilegal e informal, actividad que le cuesta al país S/22,700 millones al año (un -2.5% a favor del PBI), se suma su presunta cercanía a la presidenta Dina Boluarte, quien avaló la observación de la autógrafa de masificación de gas natural interpuesta por el Ministerio de Energía y Minas.

En el pasado, Eduardo Salhuana defendió a la mandataria de las denuncias constitucionales y carpetas fiscales que se abrieron en su contra. En mayo de 2024, el congresista incluso declaró públicamente que “la denuncia podría tener un problema concreto constitucional, ya que los delitos imputados por el fiscal no se encuentran contemplados en el menú de ilícitos penales previsto por el artículo 117″.