Paraguay fortalecerá la supervisión de las ONGs, ¿Perú para cuando?

El Senado de Paraguay aprobó una Ley que fortalece la supervisión de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con el objetivo de conocer a qué actividades destinan sus fondos. El objetivo es brindar mayor transparencia a los procesos para evitar prácticas ilegales como el lavado de activos o que este dinero se destine para campañas que alteren el órden público. Por ello, tras la aprobación de la iniciativa, las ONGs tendrán que inscribirse en un Registro Nacional y rendir cuentas al Estado. Si bien la medida que establece “el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” retornará a la Cámara de Diputados para su evaluación, este no es el único país que cuenta con normas sumamente estrictas para supervisar a este tipo de organizaciones.

Por ejemplo, en Estados Unidos todas las ONGs deben estar correctamente empadronadas y rendir cuentas periódicamente. De lo contrario, las sanciones pueden ser monetarias, multas de hasta USD 250,000, o condenas de hasta 5 años de cárcel. Esto es posible, debido a que se incluye en el proceso al Departamento de Justicia, el cual puede investigar o corregir inscripciones deficientes. Contextos similares se viven en Canadá o Reino Unido. Esto pone sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿qué pasará en Perú frente a la supervisión de las ONGs?

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó un dictamen que fortalece las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con la finalidad de conocer qué actividades son financiadas por las ONGs. Durante la última década, la Cooperación Técnica Internacional transfirió cerca de US$400 millones anuales a Perú, el 60% de estos recursos son utilizados por este tipo de organizaciones. Sin embargo, en lo que va del 2024, de un total de 3,058 organizaciones que deberían ser supervisadas por la APCI, solo 179 fueron fiscalizadas (7%), 1,870 no rindieron cuentas sobre el uso de sus recursos, y solo 276 generaron reportes voluntarios.

En este sentido, es importante conocer a dónde van a parar estos millonarios presupuestos, debido a que muchas asociaciones utilizan recursos públicos para financiar campañas de odio o actividades subversivas que vulneran la democracia e institucionalidad del país. Pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la propuesta es viable, la norma tiene sus detractores como el periodista Marco Sifuentes, quien aseguró que la medida intenta “someter a las ONGs”, o el Instituto de Defensa Legal (IDL), el cual emitió un comunicado afirmando que la norma vulnera la democracia y los derechos humanos.

¿Por qué tendrían interés en que no se aprueben leyes que promuevan políticas de transparencia, rendición de cuentas y compliance? Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), José Ignacio Beteta, esta es una norma con la que “se conocerá para qué usa el dinero, si es para actividades sociales en beneficio de un sector de la población o si estos recursos se destinan para ejecutar prácticas que puedan alterar el orden público. Todo será más transparente”. Por ende, exhortó al Congreso a debatir en las próximas semanas la iniciativa que favorecerá a todos los peruanos.