Congreso aprobó Ley Soto sobre Telecomunicaciones que atenta contra la libertad de contenido

De acuerdo a los datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (Osiptel), hasta mayo de 2023, 1,85 millones peruanos decidieron invertir su dinero de manera mensual para disfrutar de un servicio personalizado por cable. Sin embargo, esto está a punto de cambiar, debido a que ahora estas empresas se verán obligadas a transmitir contenidos de señal abierta. Se advierte que esto es perjudicial, pues de cara a las elecciones generales 2026, esta Ley podría ser aprovechada por candidatos políticos para contar con espacios publicitarios para hacer proselitismo y llegar a una mayor audiencia. Recordemos que el Estado permite que los postulantes emitan anuncios en señal abierta. Con esta norma, se prevé que dichos contenidos también serán transmitidos por televisión por cable sin que nadie pueda evitarlo.

El especialista en telecomunicaciones, Ángel Paz, analizó la propuesta y señaló que perjudica seriamente a las empresas privadas, debido a que no solo tendrán que hacerse responsables por los costos operativos que implica transmitir los contenidos en todas las provincias de una región, sino que también deberán asumir, en caso el contrato lo estipule, el pago de la adecuación y transporte de señal abierta al cable.

Asimismo, la empresa también deberá sumar a sus costos fijos la operación y mantenimiento de sus antenas y cableado, lo cual sería completamente gratis para los canales de señal abierta. A esto se suma que, la publicidad para un canal de señal abierta sería gratuito, generando pérdidas económicas a la empresa por cable que establece una tarifa por la publicación de anuncios.

En la misma línea, Paz criticó como el Congreso a través de la aprobación de la norma intenta implantar una suerte de control de contenido, pues no se debería obligar a los clientes de televisión por cable a ver contenidos por los cuales ellos no pagaron. Incluso, se teme por la calidad y tono de estos contenidos, debido a que si no existe regulación podrían ser radicales o con objetivos netamente políticos.

Obligar a las empresas a transmitir programación de señal abierta no solo permitiría que estos canales se adueñen de las “zonas calientes” (los canales con los primeros números en el catálogo por cable), sino que también promueve el “robo de audiencia”. “Si yo llego a 300 con mi potencia, pero el cable me permite 1000, entonces estoy robándome 700. Así también la publicidad se vuelve más cara. Es totalmente mercantilista”, agregó.