Caso Tamshi: Lucila Pautrat y sus presuntos nexos irregulares con funcionarios públicos

TAMSHI, empresa dedicada a la industria de cacao en Loreto, continúa siendo hostigada con denuncias calumniosas por parte de la ONG Kené y su presidenta Lucila Pautrat. Su batalla legal, aparentemente, tiene aliados estratégicos en altos cargos estatales, debido a que diferentes funcionarios públicos han colaborado con su causa al tramitar las denuncias con singular celeridad o emitir informes que favorezcan su narrativa. Incluso, una investigación del International Consortium of Financial Investigation reveló la existencia de llamadas telefónicas entre la lider ambientalista y el fiscal encargado de ver el caso de extinción de dominio de uso. ¿Por qué servidores públicos estarían apoyando a Lucila Pautrat a seguir petardeando la inversión privada?

FUNCIONARIOS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS

El procurador del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio César Guzmán, se presentó como “parte interesada” en al menos 8 demandas interpuestas por Lucila Pautrat. No solo perdió todos los casos, sino que también cometió un aparente error deliberado: emitió un informe que aseguraba que el fundo de TAMSHI estaba compuesto por 4,766 hectáreas, cuando en realidad tiene apenas 2,701 hectáreas. Le imputó a TAMSHI una supuesta deforestación de áreas que son ajenas a la plantación. Por este motivo, hoy enfrenta una investigación por fraude procesal. Pese a que no existe un nexo directo entre este funcionario y la ONG Kené, según Contracorriente, su esposa, Ana Calderón,  directora general de gestión sostenible del patrimonio forestal y fauna silvestre en SERFOR, tiene relación con la ONG aliada Wildlife Conservacion Society.

Se presume que el exfiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Yuzen Carasa, tendría nexos con la activista, debido a que no solo admitió todas las denuncias interpuestas por Pautrat Oyarzún, sino que también habría intentado inducir testimonios falsos e información inexacta en las carpetas fiscales. Hace algunos meses se retiró del cargo y ahora participa con ONGs ambientalistas como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), aliada de Kené.

CASO EXTICION DE DOMINIO DE USO

El fiscal Juan Ramirez Lazo presentó la demanda por extinción de dominio de uso el 4 de octubre de 2023. Un día después, el Juzgado admitió el caso. En esa misma fecha, 5 de octubre, la investigación del International Consortium of Financial Investigation reportó una llamada entre Ramirez Lazo y la activista fuera del horario laboral. Pero estas no son las únicas comunicaciones entre funcionarios y Lucila Pautrat, sino que también se registraron otras llamadas entre el 28 de octubre y 21 de noviembre de 2023 entre la lider ambientalista y William Cáceres, especialista legal del Juzgado de Extinción de Dominio. Incluso, algunas de estas comunicaciones fueron tripartidas con la empresa de autos Satelital.

El juez Edgar Ramón Guillén Vallejo también estaría comprometido en el caso, debido a que admitió la denuncia de 13,534 folios en tiempo récord de 24 horas. Esto resulta curioso, pues la Fiscalía calificó el expediente como “complejo” y, por ende, contaba con un plazo de 10 días para ser revisada. Fuentes de Vigilante.pe revelaron que el fiscal responsable no habría incluido en su expediente los documentos en donde TAMSHI se defiende. Cabe mencionar que este personaje fue premiado por Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal, en el cual participa el abogado Carlos Rivera Paz, quien también estaría involucrado en el caso, debido a que firmó la denuncia por presunta organización criminal contra la empresa.

ARBITRARIEDADES

Lucila Puatrat interpuso una denuncia contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)  por presuntamente violar su derecho a respirar aire puro al dejar funcionar a TAMSHI. Pese a que las instancias correspondientes desestimaron el caso, debido a que la lider ambientalista vive en Lima a más de 1,000 kilómetros de distancia de Loreto, la procuradora del Midagri, Katty Aquize, apeló la sentencia.

Entre otras arbitrariedades advertidas en este entramado judicial, se conoció que la activista presentó por segunda vez una denuncia por deforestación contra TAMSHI gracias a que el procurador del Midagri, Marco Antonio La Rosa, emitió un informe que sugería el cambio de criterio para evaluar el caso. Esto no solo habilitó a Pautrat Oyarzún para emitir una nueva demanda, sino que también permitió que el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) sea rechazado por las instancias correspondientes. Hoy, este documento continúa en evaluación.

A raíz de ello, Ricardo Machuca, director de la OEFA, ordenó el cierre definitivo de la empresa en 2020. Su decisión, a pesar de ser arbitraria, exigía la paralización definitiva de la compañía, despido de personal en pandemia, retiro de más de 2 millones de árboles y una multa de S/129 millones. El Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA advirtió el hecho y dejó sin efecto la medida.

¿Qué intereses de por medio tendrían estos funcionarios estatales para presuntamente colaborar con la batalla legal que sigue Lucila Pautrat contra TAMSHI? Sin lugar a dudas, es una pregunta que solo la lider ambientalista podrá responder.