Aciertos y desaciertos de Sunafil: “El reto está, sobre todo, en las empresas informales”

Hace 10 años se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) con el objetivo de velar por los intereses de los trabajadores y hacer respetar la Ley Laboral en todas las instancias. Si bien el trabajo de esta entidad permitió que los derechos de decenas de empleados sean respetados, los procedimientos sancionadores orillaron a que muchas empresas decidan no migrar al sector formal por el miedo de tener que pagar multas desproporcionadas, a pesar de no contar con liquidez y rentabilidad.

Vigilante.pe conversó con el especialista en material laboral, Ricardo Herrera, quien mencionó que la entidad pública tiene una serie de retos respecto a la falta de uniformidad en los criterios de imposición de sanciones, la falta de presupuesto para contar con más inspectores a nivel nacional e incentivos para mejorar la tarea de formalización de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, mencionó que Sunafil no solo debe ejecutar sanciones, sino que debería prevenir y capacitar a los empleadores para evitar multas en el futuro.

¿Por qué el Estado decide crear una superintendencia especializada en derechos laborales? 

Cuando se crea Sunafil, como política de Estado, se piensa que la formalización del mercado laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores. Antes, solamente había un director general de inspecciones, que era un órgano del Ministerio de Trabajo, o había direcciones regionales de inspección de trabajo que dependían del gobierno regional. La inspección laboral era básicamente un servicio público absolutamente fragmentado en todo el territorio nacional. Con la creación de Sunafil, se le da rango de superintendencia, con lo cual al Estado le importa la inspección laboral.

¿Cuáles son los retos de Sunafil? ¿Cómo se puede mejorar la fiscalización laboral? 

Son cuatro. En primer lugar, tener mayor capacidad de cobertura para, por ejemplo, fiscalizar a las Pymes, que son el 95% de las empresas en el Perú, y donde hay mucha informalidad laboral, pues el 97% de los trabajadores están fuera de planilla. En segundo lugar, para tener más cobertura tienen que tener más inspectores. Sunafil no llega todavía a 1,000 inspectores a nivel nacional. En tercer lugar, se tienen que uniformar criterios, que se están avanzando en ese sentido con el Tribunal de Fiscalización Laboral, que es la última instancia de los procedimientos sancionadores, y que establece precedentes vinculantes para Sunafil en todo el Perú. La ley debe interpretarse de una manera uniforme. Hay mucha heterogeneidad de criterios en un inspector de Iquitos, de Tacna, de Puno o de Lima. En cuarto lugar es acatar lo que dice la Corte Suprema o el Tribunal de Fiscalización Laboral para dar seguridad jurídica a empleadores y trabajadores. Esos son los retos.

¿Sunafil trabaja de manera óptima?

Definitivamente ha avanzado, ha crecido, tiene una estructura nacional, tiene un presupuesto mayor, hay especialización en los inspectores que no necesariamente son abogados, son médicos ocupacionales, son ingenieros, pero todavía hace falta mayor cobertura para atacar el reto de formalizar. El reto está en las Pymes y, sobre todo, en las empresas informales. Sunafil tiene un rol fundamental como ente público de protección de los derechos de los trabajadores en avanzar en esa línea. Antes uno de cada cuatro trabajadores era formal, ahora uno de cada cinco trabajadores es formal. Entonces hay una tarea importante por delante que requiere recursos

Se dice que Sunafil tiende a golpear a las empresas formales con sanciones desproporcionadas. ¿Cómo analiza la situación?

Claro, hay excesos que hasta tienen base legal, lamentablemente. Por ejemplo, no le pago la CTS a mi trabajador. No le hago el depósito de CTS, porque no tengo recursos, no tengo liquidez. Estoy mal en mi empresa. Entonces se queja el trabajador con Sunafil y viene el inspector y me dice “¿por qué no pagas la CTS? Te doy dos días para que pagues”. Yo le digo, mira, no puedo pagar en dos días. Entonces recibo una firme multa por no cumplir la orden del inspector y, en segundo lugar, me multa también por no pagar la CTS. Así, tengo que pagar la multa, porque si no me embargan aunque ya no tengo recursos ni los tenía al inicio de la inspección para cumplir con la obligación de pagarle al trabajador. Creo que a veces hay un exceso de fiscalización. La inspección laboral debería ser más flexible, que promueva el cumplimiento de las obligaciones laborales a partir de acciones más preventivas que sancionadoras.

¿Qué alternativas de solución propone usted para mejorar la actividad fiscalizadora de Sunafil?

En primer lugar, pelear por más presupuesto dentro en el Ejecutivo y que en las próximas leyes de presupuesto, las leyes anuales de presupuesto, se contemple más presupuesto precisamente para contratar más inspectores, para tener más apertura, para ejecutar esa política de estado de formalización del mercado laboral.

En segundo lugar, promover cambios legislativos. Yo creo que bastaría, por ejemplo, una modificación del actual reglamento de la Ley de Inspecciones que depende solamente del Ministerio de Trabajo para que se pueda tener más flexibilidad en lo que te he mencionado. Entonces, hay cosas que están al alcance de la mano del propio Poder Ejecutivo y hay cosas que sí dependen un poco del Congreso.