La ilegalidad dirigirá la política

La imposibilidad de que el sector privado formal o los ciudadanos puedan financiar transparentemente a candidatos es una de las principales debilidades de nuestro sistema electoral. Esta prohibición ha sido motivada por todos los ideólogos electorales de izquierdas progresistas, especialmente por Fernando Tuesta; y es, para variar, una idea siempre de moda, pero pésima. Cuando no hay financiamiento formal y transparente, sin miedo a la persecución, lo que cubre ese espacio es el financiamiento ilegal e informal. ¿Qué ocurriría si hoy se convocan elecciones? Nada nuevo. El narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de bosques y la informalidad, financiarían a decenas de candidatos a congresistas, diputados, senadores y presidentes.

De más está luchar para que alguna líder de “centro radical” habite Palacio de Gobierno, en esos sueños progresistas miraflorinos, si el 80% del país es informal y vive de dineros ilegales. La realidad sobre la minería ilegal es aplastante.

Desde la Asociación de Contribuyentes hemos realizado una serie de publicaciones que revelan el grave impacto que tiene la minería ilegal en las regiones, en las familias y en la economía del país. Por ejemplo, en La Libertad, la minería ilegal se ha concentrado en la provincia de Pataz, donde la explotación de oro sin permisos ha causado graves problemas ambientales y sociales. En tanto, Madre de Dios es considerada una de las zonas más afectadas por la minería ilegal en Perú. Allí, los mineros ilegales utilizan técnicas como la deforestación y la contaminación del agua con mercurio, lo que ha causado graves daños ambientales y sociales en la zona. ¿Estudios, denuncias, indignaciones de parte de la izquierda académica de Alberto Vergara y compañía? Ninguna. Él y sus seguidores prefieren atacar la inversión privada formal.

En Piura, la minería ilegal se concentra principalmente en la provincia de Sullana, donde se han registrado múltiples casos de explotación de oro y otros minerales sin autorización. En Arequipa, la minería ilegal se ha registrado principalmente en la provincia de Caravelí, donde los mineros ilegales extraen oro, plata y otros minerales sin ningún tipo de control. En Pasco, la minería ilegal se concentra en la provincia de Oxapampa, donde los mineros ilegales explotan principalmente oro y otros minerales. En Puno, la minería ilegal se ha registrado principalmente en la provincia de Sandia, donde se ha registrado la explotación ilegal de oro y otros minerales en la cuenca del río Inambari.

Expertos ambientales indican que muchos mineros “informales” igual procesan y lavan metales de la minería ilegal, pero son “impunes” por estar registrados en el REINFO de los gobiernos regionales. El REINFO entonces es una fachada para la ilegalidad. Es cierto que existen mineros informales honestos que quieren tener la facilidad y posibilidad de formalizarse, pero la mayoría usa este registro para mantenerse en la impunidad, generando cientos de millones de dólares en ganancias oscuras. ¿Y el estado y las ONGs, y la academia qué hacen? Nada. Atacar a la minería formal y al sector privado formal. Es lo más fácil.

Camila Costa, investigadora principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú, afirma: “REINFO le abrió la puerta a la ilegalidad e informalidad, dado que los mineros informales se siguen registrando y operan sin que se sepan mayores datos de cómo operan o si cumplen o no los requerimientos mínimos. Algunos ni siquiera operan con un RUC vigente. El REINFO es el mejor espacio ‘legal’ para ser ‘ilegal'”.

*Informe realizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú y publicado en el diario Perú21.