Tramitología minera: papeleos, tiempo y millones perdidos en un sector frenado por cientos de trámites

La regulación minera en Perú es un dolor de cabeza para los inversionistas del sector que intentan iniciar un proyecto de exploración y explotación de recursos. Según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la cadena de valor de la actividad minera, la cual incluye la concesión, exploración, construcción y preparación, explotación y cierre de actividades, cuenta con 232 procedimientos administrativos (PA).

Estos cientos de PA se sustentan en 470 normas legales vigentes donde participan 29 entidades públicas; impactante cantidad que genera un retraso en la evaluación y aprobación de procedimientos administrativos y le genera millonarias pérdidas al país. Actualmente, de acuerdo a la información del referido estudio, 23 proyectos mineros de la cartera de inversión fueron retrasados por tramites inconclusos o conflictos sociales. Esto genera pérdidas en el PBI nacional por S/698 296 millones y evita que alrededor de S/122 689 millones ingresen a las arcas públicas por recaudación tributaria.

Si tomamos en cuenta el retraso de aproximadamente 4 años que puede experimentar una unidad minera para iniciar sus actividades de exploración y explotación de recursos, podemos observar que las pérdidas equivalen a S/12,044 millones en el Valor Agregado Bruto (VAB), pues es dinero de inversión y producción de recursos que nunca cumplió sus objetivos.

La tramitología minera golpea también recaudación.  En este sentido, si continuamos con el ejemplo, la pérdida asciende a S/2,064 millones. Esto responde a los bajos niveles de inversión y producción de la mina, el número de futuros empleados afectados por los retrasos efectuados e, incluso, las barreras burocráticas impuestas por el gobierno que dilatan aún más el tiempo.

Además, uno de los puntos graves que debilitó la competitividad minera fueron las creaciones de diversos PA que en su mayoría no contemplaron “un análisis riguroso sobre la necesidad y calidad regulatoria de los mismos” allanándole el camino a la aplicación no razonable de la responsabilidad administrativa y la falta de procedimientos integrados. Así, los principales PA que generan retrasos están “vinculados a los macroprocesos de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) y de participación ciudadana durante la etapa de inversión y preparación”.

Por ejemplo, el plazo de cumplimiento de los estudios de impacto ambiental detallados demoran hasta 36 meses, 5 veces más de lo establecido por la normativa; mientras que el plazo de proceso de consulta previa puede llegar hasta los 12 meses, casi tres veces el tiempo legal determinado.

Todo ello impactó negativamente, pues el Perú pasó de ser uno de los países con mejor percepción sobre la competitividad minera en la región a ser uno de los últimos. El Instituto Fraser reveló en 2018 se tuvo 81.6 de puntaje, mientras que cinco años después este bajo a 60.7 puntos, ubicando al Perú en uno de los últimos lugares de la tabla a nivel regional.