Ecuador, terrorismo y conflicto armado interno: ¿Qué está pasando en Ecuador?

El caos y violencia escaló en Ecuador tras los atroces ataques perpetrados por grupos extremistas desde la madrugada del martes 9 de enero a canales de televisión, universidades, estaciones de transporte y entidades públicas y privadas. Esto puso en alerta a los ciudadanos del país vecino, quienes se ven amenazados por redes criminales sanguinarias. Asimismo, orilló al gobierno peruano a establecer un Estado de Emergencia en la frontera norte del país con el objetivo de evitar el ingreso de subversivos al territorio nacional. Pero, ¿cómo inició el conflicto armado interno en Ecuador y cuáles son las medidas que adoptó la gestión de Daniel Noboa para frenar los constantes ataques terroristas?

INICIO DEL FIN

Si bien el punto de inflexión de este conflicto tiene como principal protagonista a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los criminales más peligrosos de Ecuador que logró fugarse de prisión; lo cierto es que la cultura de terror en este país viene siendo infundida por estos grupos extremistas desde hace varios años. Erik Mozo, economista y analista político ecuatoriano, comentó a Vigilante.pe que la escalada de violencia en Ecuador data desde el 2017 y se debe a una serie de factores políticos, sociales y económicos. Pues, el elevado índice de vulnerabilidad, el cual se acentuó con la pandemia del Covid-19, y la disputa de territorios por la ruta del narcotráfico a través de la costa ecuatoriana originaron que estas bandas criminales ganen poder a nivel nacional.

“Es una tormenta perfecta. Una variable crítica que redujo la presión de las organizaciones criminales en Colombia, pero la incrementó en Ecuador, es el cambio en los patrones del consumo de drogas en el mundo desarrollado. Por ejemplo, la epidemia del fentanillo en Estados Unidos. Esta sumada a otras variables llevan a un situación donde hay gente desesperada por las precarias condiciones de vida, el interés de los carteles de droga por dominar las rutas de comercio en Ecuador y un Estado que se debilitó y desatendió a la gente nos llevó a este crecimiento exponencial en la violencia”, detalló.

Este conflicto es liderado por diferentes redes criminales como Los Choneros, Los Lobos, Las Águilas, por nombrar algunos ejemplos, las cuales intentan posicionarse como los únicos exportadores de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Esto provocó que en 2022, Ecuador sea considerado el décimo país más violento de América Latina y el Caribe con un incremento en el número de homicidios del 82% en relación con el año anterior.

“Cada año el incremento de la tasas de inseguridad es drástico, yo diría que son uno de los puntos centrales que llegamos a este escenario. (…) 11 bandas que se disputan territorio sobre todo en la costa por las vías de comercio del pacifico. Pero hay muchas otras que tienen bastante fuerza. Hay una gran fraccionamiento y gran disputa de territorio”, señaló el experto.

MEDIDAS CONTRA EL TERROR

El gobierno de Daniel Noboa decidió declarar un Estado de Excepción el 9 de enero de 2022 tras los motines registrados en las cárceles, los asesinatos a policías y civiles y la captura de rehénes en diferentes puntos del país, sobre todo, el que fue televisado en vivo durante la toma del canal de televisión TC al promediar el mediodía del último martes.

Este Decreto Ejecutivo dispone medidas como el toque de queda, el uso de armas letales por parte de agentes del órden y admite la existencia de un conflicto armado interno en el país. Es decir, reconoce el enfrentamiento del crimen organizado contra el gobierno y, por ende, establece como objetivo militar el uso de estrategias de ataque que resguarden la vida e integridad de sus ciudadanos y restablezcan el orden a nivel nacional.

“El nuevo decreto es un poco más fuerte y marca un punto crítico en la política del país contra el crimen organizado, porque reconoce el conflicto interno en el país y, al ponerlo en esos términos, el presidente y el Estado toman la capacidad de posicionar al ejército en acciones contra esta amenaza nacional. Hasta (antes de) llegar a este punto, la política del Estado había sido controlar el problema, controlar las cárceles, no enfrentar al crimen organizado como un objetivo militar, sino más bien dentro del marco de los derechos humanos”.

Otra medida adoptada por el Parlamento ecuatoriano fue establecer que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que hagan uso de sus armas letales frente a los delincuentes tengan acceso a indultos y amnistías. Esto, con la finalidad de evitar que los policías o militares se enfrenten a procesos judiciales tras asesinar en combate a los terroristas. De igual manera, el primer mandatario aseguró que todos aquellos jueces o fiscales que protejan a los miembros de grupos subversivos “serán considerados como parte de los grupos terroristas”.