Seguridad ciudadana, más presupuesto sin óptimos resultados: las cifras que debes saber

Entre 2018 y 2022, el presupuesto asignado a preservar el orden interno se elevó de S/9,369 millones a S/13,321 millones. Para 2023, la partida presupuestaria reveló que el Estado tuvo a su disposición S/14,342 millones para combatir la delincuencia y el crimen organizado, sin embargo, las denuncias públicas constantes no evidencian que el dinero de los contribuyentes está siendo utilizado de manera adecuada. Para 2024, Perú transferirá un 13% más; es decir, más de S/16,234 millones.

Estos fondos se dividirán entre los tres niveles de gobierno: gobierno nacional con S/13,871 millones (85%); gobiernos locales con S/1,982 millones (12%) y gobiernos regionales con S/380 millones (2%). Este incremento progresivo de los fondos transferidos a seguridad ciudadana en Lima y regiones está relacionado con el alto índice de violencia en las calles. Pese a ello, los datos demuestran que más dinero no es necesariamente la solución para contar con un mejor sistema de seguridad en el país y que, por el contrario, los resultados dejan mucho qué desear.

En Perú, según información del Consejo Privado de Competitividad (CPC), las regiones de Madre de Dios y Tumbes son las que registran un gasto per cápita más elevado con S/282 y S/250, respectivamente. Sin embargo, estos departamentos mantienen altos niveles de criminalidad y reportan un promedio de personas detenidas de 31.7 y 15.8, respectivamente, por cada 1 mil habitantes.

En 2019, un año previo al inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Estado transfirió S/9,911 millones a seguridad ciudadana. Para ese entonces, el país contaba con 131,876 efectivos policiales resguardando las calles a nivel nacional. No obstante, en 2022 esta cifra se redujo a 130,861 policías, a pesar de que el presupuesto asignado a preservar el orden público era mayor.

Lima es, quizás, el mejor ejemplo para evidenciar cómo más dinero no se traduce en mejores resultados, debido a que, con un gasto per cápita de S/488. Sin embargo, la capital cuenta con el 22% de sus comisarias funcionando de manera inadecuada.

Los peruanos se merecen un Estado que invierta de manera inteligente el dinero de los contribuyentes, pues más delincuencia es sinónimo de mayor índice de desempleo, informalidad, brechas sociales y, por ende, falta de progreso y crecimiento a nivel económico, político y social. Un detalle no menor es que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el aumento del 1% de las tasas de homicidio puede reducir el PBI en 0.3%.

Finalmente, ante esta circunstancia, el CPC consideró que “el gobierno no posee una estrategia clara y sostenible para abordar el problema de la informalidad y la ilegalidad, agobiando así al empresariado formal y dejando al ciudadano y empresario a su suerte”