El antes y después del Fujishock

En la década de los ochenta, la economía peruana se basó en un enfoque heterodoxo que buscaba estimular el crecimiento mediante la congelación de precios y el aumento de salarios, con el objetivo de impulsar la demanda y reactivar la actividad productiva. Se esperaba que estas medidas corrigieran la situación económica, generando un crecimiento económico que, a su vez, propiciaría la creación de más empleos.

No obstante, el gobierno liderado por Alan García optó por implementar este programa utilizando las reservas internacionales. Este enfoque involucró el aumento de salarios y el respaldo financiero de subsidios para alimentos mediante el uso de reservas acumuladas. Cabe destacar que estas reservas se obtuvieron a través de una estrategia que redujo el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones.

Esta medida, aunque podría haber proporcionado recursos inmediatos para respaldar la política económica interna, planteó interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo y los posibles riesgos económicos. La dependencia de las reservas internacionales y el ajuste en el pago de la deuda externa son factores impactaron negativamente en la estabilidad financiera del país.

Con el anuncio del no pago de la deuda externa, el FMI calificó al país como un “país no elegible” para recibir nuevos créditos. La devaluación significativa del inti frente al dólar, pasando de un cambio de 1 a 1 a 175,000 intis por dólar, unido a subsidios estatales, control del tipo de cambio, aumentos de precios, hiperinflación (alcanzando el 114.5% en 1987) y la estatización de la banca, provocaron una crisis en el Perú.

En 1990, la mayoría de los sectores experimentaron tasas negativas de crecimiento, destacando la contracción en el agropecuario (-9.1%), minería (-4.6%), manufactura (-4.4%) y pesca (-3.7%), con la excepción del sector de construcción (4.2%), vinculado a la ejecución del proyecto Chavimochic. La recesión se intensificó tras las medidas adoptadas en agosto, resultando en una marcada contracción de la demanda interna. En conjunto, estos eventos reflejan una profunda crisis económica en el país.

¿MEJORÓ LA ECONOMÍA? 

En cuanto a las finanzas públicas, en un año se logró reducir el déficit económico de 231 billones de intis, equivalente al 3% del PBI, comparado con el 6.2% registrado en 1989. Esta mejora se atribuye a medidas fiscales adoptadas desde agosto, enfocadas en aumentar los ingresos fiscales y mantener una política restrictiva del gasto, evitando presiones adicionales de financiamiento para la entidad monetaria.

El despilfarro en el sector público, con contrataciones excesivas, contribuyó al déficit fiscal, y la emisión de dinero por el banco central se consideró una distorsión al sistema económico. La falta de credibilidad en el orden social y económico afectó las expectativas del sector privado, empeorando la situación.

La recuperación económica se inició con un programa de estabilización que unificó el tipo de cambio en el mercado libre interbancario y eliminó los tipos de cambio diferenciados. A partir de las reformas de los años noventa, el Banco Central del Reserva (BCR) adoptó una política más disciplinada, logrando autonomía constitucional en 1993. Las operaciones de mercado, interviniendo para inyectar o reducir liquidez, se convirtieron en la esencia del BCR, preservando la estabilidad monetaria según la Constitución.

En 1990, las autoridades revirtieron políticas proteccionistas, eliminando trabas al comercio exterior. Se suprimieron exoneraciones a importaciones y subsidios tributarios a exportaciones no tradicionales, acumulando reservas internacionales y mejorando la producción. Además, se buscó la renegociación global de la deuda externa, revirtiendo la tendencia negativa en las cuentas externas.

Estos cambios llevaron a una economía con sólidos cimientos macroeconómicos, deuda externa renegociada, bajas tasas de inflación y un déficit fiscal controlado, aspectos que parecían inverosímiles en aquellos años.