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5 razones por las que la Nueva Ley de Industrias es perjudicial para el desarrollo del país

Otra entidad más alertó de lo perjudicial de la Nueva Ley de Industrias, ya que generaría un entorno favorable para la corrupción, propone exoneraciones tributarias que no incentivan la inversión, pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y otras.
Redacción Vigilante Publicado 5:06 pm, 12 Diciembre, 2023

La Comisión de Economía y la Comisión de Producción del Congreso viene analizando la iniciativa legislativa 5892, llamada también Nueva Ley de Industrias. La propuesta, impulsada por el parlamentario José Jerí y respaldada por 14 congresistas y la Sociedad Nacional de Industrias.

A ello se sumó Apoyo Consultoría, entidad que alertó que la ley propone otorgar múltiples incentivos fiscales a sectores específicos de la industria. Esta iniciativa abarca, entre sus principales medidas, la deducción del Impuesto a la Renta (IR) en ocho sectores para empresas que reinviertan por lo menos 20% de sus utilidades netas.

A ello se suma la exoneración del IR e IGV para bienes de capital, insumos y materias primas para empresas ubicadas en zonas altoandinas y amazónicas que serían aprobadas por autoridades regionales, la creación de un fondo de desarrollo industrial con garantías crediticias y subsidios estatales, el trato diferenciado entre productor nacional y extranjero, además de otros beneficios para empresas relacionadas con la electromovilidad, la industria digital y las innovaciones tecnológicas.

LAS RAZONES PERJUDICIALES

PRIMERO: experiencias pasadas demostraron que las exoneraciones tributarias generan ineficiencias y no incentivan la inversión. Un estudio realizado de la entidad reveló que leyes como los beneficios para el sector agrícola o la Amazonía no han tenido un impacto positivo claro sobre los flujos de inversión, las ganancias de productividad o la mejora en la calidad de vida de la población en el sector o zona.

SEGUNDO: estas medidas generan un entorno favorable para la corrupción, pues carece de un sustento técnico sólido para la elección de los sectores beneficiados. La decisión de qué actividades favorecer recaería sobre congresistas y autoridades regionales. En el pasado, proyectos como este generaron un entorno favorable para la arbitrariedad y la corrupción de funcionarios públicos, e incentivaron a los empresarios a destinar gran parte de su tiempo a obtener beneficios tributarios, en lugar de mejorar la competitividad de sus empresas.

TERCERO: la propuesta prioriza la industria nacional por encima de lo que es más eficiente para la sociedad. Otorgar un trato preferencial en las compras públicas a las empresas que utilizan materias primas o insumos nacionales podría generar tensiones comerciales y perjudicar nuestras exportaciones. Estas medidas van en contra de los tratados de libre comercio y de la Constitución, que establece que la inversión nacional y la extranjera deben estar sujetas a las mismas condiciones.

CUARTO: la implementación de beneficios tributarios para un grupo específico reduciría los recursos disponibles del Estado, en perjuicio de la mayoría de la población. Los ingresos fiscales en el Perú ya son bajos, en comparación con la región. Aprobar esta norma reduciría el espacio fiscal para gastar en medidas urgentes, como el cierre de brechas de infraestructura, educación y salud, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la atención a la emergencia climática.

QUINTO: pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. La creación de un fondo estatal que garantice el crédito de empresas de ciertos sectores y otorgue subsidios está prohibida actualmente por la ley de endeudamiento. Esto implicaría una grave contingencia fiscal que atentaría contra la sostenibilidad de las finanzas públicas y podría poner en riesgo la calificación de la deuda soberana y aumentar los costos de financiamiento.

Es cierto que el país necesita salir adelante, sin embargo, la propuesta de Jerí genera más preocupación debido a lo perjudicial que resultaría para el desarrollo del país si se aprobara. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde; la Asociación de Contribuyentes del Perú; el gremio de comercio exterior, Comex; el Instituto Peruano de Economía; el Ministerio de Energía y Minas, son algunas de las entidades que también se han pronunciado en contra exigiendo una mayor discusión y gradualidad con la medida.

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