Las ordenanzas no son un juego, por José Ignacio Beteta

Nuestra Constitución defiende la autonomía municipal administrativa, no la prepotencia y la corrupción. La autonomía municipal es una excelente herramienta para generar competencia entre distritos, atraer mayores inversiones, tener mejores servicios, y por lo tanto mejores vecinos, vecinos que respetan la ley y pagan a tiempo sus impuestos. Para eso sirve y para eso debería ser usada. Pero esto no es lo que ocurre en Perú. Aquí los alcaldes, regidores y funcionarios municipales aprovechan esta autonomía para comportarse como señores feudales.

En Miraflores, Lima, por ejemplo, las ordenanzas se producen últimamente como si fueran canchita de restaurante, sin ningún otro criterio que el capricho del alcalde: obligar a los negocios a tener detectores de armas, crear multas irracionales ante posibles faltas de una obra de infraestructura privada, obligar a los vecinos a registrarse para usar espacios públicos o prohibirles que lo hagan, exigir que las mascotas paseen con correa pero no habilitar espacios en los que puedan correr con libertad, etc.

Miraflores hoy tiene más inseguridad que antes, tiene funcionarios con investigaciones de corrupción en curso o con pasados bastante tormentosos, y un alcalde, representante de un partido supuestamente moralista y conservador (Renovación Popular), que parece disfrutar del autoritarismo y el populismo que erróneamente se derivan de su posición de poder.

Pero en San Isidro, distrito ubicado en Lima también, no se quieren quedar atrás. Sus autoridades, alcalde y regidores, emitieron una polémica ordenanza que afecta el inicio y continuación de proyectos inmobiliarios que tienen todos los permisos necesarios bajo el marco legal en el cual se tramitaron, le da al municipio competencias que no le corresponden e introduce una figura extraña que se está replicando en otros distritos: la “suspensión” de licencias, un acto administrativo que según diversos especialistas es ilegal.

Dos puntos clave sobre este último caso: la persistencia en aplicar esta ordenanza No. 585-MSI podría traerle problemas legales a quienes la firmaron, regidores, alcaldes y funcionarios de línea. Me llama la atención más bien que las empresas no hayan acudido aún a instancias judiciales para defenderse de esta norma, solicitando sanciones para quienes la firmaron.

El segundo: los vecinos no pueden ponerse del lado de la ilegalidad y la corrupción de sus autoridades. Con la excusa de que los alcaldes están “de su lado” en su “lucha” contra las empresas inmobiliarias “abusivas”, los vecinos hoy son cómplices de autoridades que en el mejor escenario son autoritarias y en el peor (muy probable) están cometiendo actos de corrupción debajo de la mesa.

Penosamente, lo que describo de Lima, pasa en todo el país. Las autoridades municipales parecen no entender que no son reyezuelos o señores feudales, sino funcionarios que deben promover la inversión, el desarrollo y que además ganan un sueldo gracias a nuestros impuestos y gestionan un dinero que no es de ellos, ni del Estado, sino de nosotros los contribuyentes. ¿Cuándo será el día que tendremos autoridades éticas, con valores, que cumplen su función y colaboran con el país, en vez de convertirlo en una chacra informal y desordenada? Ese día no parece estar muy cerca.