Millones perdidos: burocracia y conflictividad retrasa el crecimiento minero en Perú

Son 23 proyectos mineros los que se encuentran paralizados debido a la conflictividad social en diferentes regiones del país y los innumerables trámites burocráticos que existen para consolidar una empresa minera formal, según detalló un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

De haberse concretado, estas inversiones privadas sumarían US$29,667 millones, las cuales hubieran permitido que el país registre un incremento en su Producto Bruto Interno (PBI), entre 2008 – 2022, de 4.7%. Esto provocó pérdidas a nivel PBI que ascendieron a S/698,296 millones, a su vez, el Perú dejó de percibir S/122,689 millones en ingresos fiscales durante el mismo periodo. Entre los proyectos más importantes paralizados se encuentran Conga, El Galeno, Río Blanco, Cotabambas y Tía María.

Hasta julio de 2023, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reportó que Perú concentra 46 proyectos mineros que representan una inversión total de US$53,130 millones, de los cuales 2 se encuentran sin retraso, 10 sin plazo fijo definido, 11 proyectos paralizados por motivos internos de la empresa y 23 proyectos paralizados por factores ajenos a la compañía.

COSTO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y LA TRAMITOLOGÍA

Respecto a cuánto le cuesta la conflictividad social a Perú, se detalla que, entre 2021 y el primer trimestre de 2023, 11 unidades mineras en 8 regiones tuvieron que paralizar sus actividades por el bloqueo de carreteras. Esto afectó directamente en el PBI nacional en alrededor de S/6,991 millones, debido a que se registró un menor nivel de producción de cobre en Apurímac (Las Bambas), Cusco (Constancia y Antapaccay), Áncash (Antamina) y Moquegua (Cuajone). En detalle, se perdieron hasta S/1,791 millones en recaudación fiscal y ya no se generaron 156,380 empleos durante el último periodo.

Si estas situaciones extremas hubiesen sido advertidas por las autoridades, existía la posibilidad de que el PBI crezca hasta en 12.9% y no en 10.5%. Sin los conflictos sociales, el sector minero pudo haber crecido hasta en 2.8%, en lugar de caer a 0.1%.

En cuanto al costo económico de la tramitología en el sector, los procedimientos administrativos pueden demorar alrededor de 36 meses, lo que significa cinco veces más de lo que indican las normas estipuladas por el Estado. Al retrasar procesos tan sencillos como este, se generan pérdidas en el PBI nacional y se evita que miles de familias residentes de zonas aledañas a los yacimientos mineros puedan acceder a más y mejores servicios gracias al canon minero.