Caso Polay Campos: conoce los detalles de la denuncia interpuesta por el terrorista contra el Estado

Inaudito. El terrorista y líder máximo del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, denunció al Estado peruano por no haber tenido un proceso judicial justo y por no recibir beneficios penitenciarios. Esta denuncia fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que, en su momento, también defendió los intereses del expresidente Pedro Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado.

Si bien esta denuncia data del 2022, la cual fue firmada por el exministro Javier Valle Riestra, los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit, y los familiares Otilia Campos y Otilia Clemencia Polay, recién ahora se hizo de conocimiento público, pues la CIDH ha admitido el pedido para investigar a detalle el caso y así brindar recomendaciones al gobierno que concluyan en un acuerdo pacífico entre ambas partes.

DETALLES DE LA DENUNCIA

En detalle, Polay Campos exige que su caso sea tomado como prioridad debido a que argumenta que sufrió maltrato físico durante su detención en 1992 en el penal de máxima seguridad de Yanamayo, en Puno. Recordemos que esta fue la segunda cárcel en la que estuvo recluido, pues logró fugarse del penal Miguel Castro Castro en 1989.

Además, también asegura que su proceso judicial de 2006 no fue justo y que limitó sus derechos civiles. En líneas generales, tras la separación de Alberto Fujimori de la presidencia, todas las sentencias de los jueces sin rostro, aquellos que suscribieron las penas contra terroristas, fueron anuladas, lo cual obligó a que se inicie un nuevo proceso contra el líder emerretista. En aquel entonces, fue sentenciado a 32 años de prisión y al pago de S/50 millones por los delitos de terrorismo, terrorismo agravado y falsificación de documentos.

Si bien apeló, en 2008, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó su decisión y sumó a 35 años la pena contra Polay Campos. Desde entonces, la presunta víctima del Estado peruano asegura que su proceso no fue el adecuado. Asimismo, asevera que le restaron beneficios carcelarios como la interacción con otros reclusos, la libertad de credo y culto, visitas íntimas de pareja o el permiso para brindar entrevistas.

OPINIÓN DE EXPERTOS

La admisión de la denuncia de Víctor Polay Campos no solo es preocupante para la ciudadanía, sino que también genera malestar e indignación para las familias de las víctimas del terror causado por el MRTA. Resulta inaudito que el máximo líder de la segunda organización terrorista con más adeptos en Perú reclame por la presunta violación de sus derechos humanos cuando su tarea principal era encarcelar a sus “enemigos” en las populares Cárceles del Pueblo para torturarlos y, posteriormente, quitarles la vida.

El vicealmirante en retiro y exvicepresidente del Perú, Luis Giampietri, calificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un “mamarracho” por haber aceptado el pedido del terrorista. Asimismo, comentó que este organismo internacional se encuentra aliado con los grupos subversivos de izquierda, pues no concibe que sean capaces de defender a los responsables de miles de muertes en el país.

Por su parte, el exjefe de la Dirección General de Inteligencia, José Luis Gil, también criticó el accionar de la CIDH. Asimismo, agregó que denunciar al Estado es un proceso habitual que siguen los terroristas tras permanecer varios años en prisión. Aseguró que es una estrategia para debilitar las fuerzas de seguridad y así obtener algún tipo de compensación económica.

La especialista en derechos humanos, Elizabeth Zea, criticó la medida puesto que “es increíble como un sistema hecho para la protección de derechos humanos se presta al juego de un asesino de policías convictos y confeso quien admitió sus delitos, y cuyo juicio ante la Sala Penal Nacional se llevó con todas las garantías. Este tipo de actos solo generan incertidumbre y desconfianza en el Sistema Interamericano”.