Radiografía a la Educación: la negativa «reforma magisterial»
A pesar de las cifras alarmantes en torno a la educación en el Perú, se aprobó el nombramiento de docentes contratados en educación básica regular sin haber pasado por concurso público. Hoy, la ley fue observada por el Ejecutivo.
Paula Riolo
Publicado 12:50 pm, 27 julio, 2023
Ponen en juego la educación peruana . Luego de que el Congreso aprobara un proyecto de ley que permite que miles de docentes sean nombrados en el magisterio sin concurso público, el bienestar de los estudiantes pasó a segundo plano. El proyecto se encuentra en reconsideración, pero refleja como las bancadas, en su mayoría de izquierda, mantienen vigente la agenda política populista de Pedro Castillo y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú).
La pesadilla comenzó con el Proyecto de Ley 1587-2021, presentado ante el Parlamento por el congresista Pasión Dávila, integrante de la bancada de Perú Libre. De acuerdo al documento, el Ministerio de Educación debía efectuar los nombramientos de aquellos profesores que se encuentren trabajando en calidad de contratados en las plazas docentes presupuestadas y que cumplan más de 3 años de servicio como docente contratado. Es decir, que los maestros serán nombrados por el Estado sin pasar una prueba técnica.
El proyecto fue sustentado por la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Trabajo y aprobado por el Pleno del Congreso con 80 votos a favor, 28 en contra y seis abstenciones. Además, fue exonerado de segunda votación. Luego de ello, la titular del Ministerio de Educación, Magnet Márquez, solicitó al Parlamento la reconsideración de la norma, proceso en el cual se encuentra actualmente. Cabe mencionar que el proyecto no fue revisado por la Comisión de Educación.
Es evidente el petardeo a la educación pública y a la meritocracia, debido a que va en contra de lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial, la cual especifica que es necesario que los maestros por una evaluación de conocimiento y desempeño para poder ingresar a la carrera docente del Estado. Así, el aprendizaje de los alumnos de instituciones públicas se ve amenazado por los más de 83 mil docentes que se beneficiarían de la cuestionada ley.
En este contexto, se conoció que el Ministerio de Educación denunció ante la Fiscalía a 165 docentes del Estado que presentaron títulos adulterados para poder acceder a plazas docentes. A raíz de la investigación, 50 maestros presentaron sus renuncias, pero este número solo se añade a los 2.000 docentes que ya habían sido identificados por la Contraloría por tener títulos falsos. Así, comienzan a hacerse evidentes los efectos de la mala gestión del Congreso frente a la educación nacional.
Paula Riolo
Periodista y redactora