El ocaso de Alejandro Toledo: datos clave de lo que se viene al expresidente luego de su extradición

“Ni sano ni sagrado” resultó ser Alejandro Toledo, presidente del Perú durante los años 2001 y 2006. Hoy la historia conocida de su extradición desde los Estados Unidos para cumplir prisión preventiva en el Penal de Barbadillo por el proceso que se sigue en su contra por haber cometido los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias al aceptar alrededor de $25 millones provenientes de la empresa brasileña Odebrecht. El dinero habría sido transferido a la cuenta del empresario y amigo del exmandatario, Josef Maiman, con el objetivo de que la firma sea favorecida para ejecutar los tramos 2 y 3 del proyecto de la Carretera Interoceánica.

DATOS CLAVE

Aunque pareciera una broma de mal gusto, fue el propio Alejandro Toledo quien firmó el tratado de extradición entre ambas naciones el 25 de julio de 2001. Ahora, 22 años más tarde, es la prueba viviente de que este tratado rinde frutos y permite que la justicia peruana sea la encargada de deliberar de manera libre e independiente si un investigado debe o no ir a prisión.

Cabe mencionar que Toledo tiene 77 años y, en esa línea, la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, sostuvo que el expresidente podría acogerse a la “confesión sincera” para obtener alguna reducción de pena, que actualmente es de 20 años y 6 meses. De concretarse, sería de hasta un tercio del mínimo legal de la pena.

“Dependerá de la voluntad del señor Toledo de querer acogerse o no a estos institutos para colaborar con la justicia y en todo caso, si así lo considera, apelar a una disminución de la pena a la que seguramente se enfrentará”, sostuvo.

Además, la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato ha requerido que pague S/1.837 millones y US$477 millones como reparación civil y de manera solidaria con sus coimputados como Fernando Gonzalo Camet, Gonzalo Ferraro y José Castillo Dibós; los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo y Alberto Pasco-Font. En tanto, cabe recordar que los empresarios José Graña y Hernando Graña, se acogieron a un proceso de colaboración eficaz.

Por otro lado, según El Comercio, la extradición le costó al Estado alrededor de S/2 millones, el cual su abonado al estudio jurídico Foley Hoag LLP entre junio del 2019 y marzo 2022 .

Finalmente, elfiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, señaló a El Comercio que “lo que sigue es que se continúe con la etapa procesal del control de acusación en la que se encuentra el Caso Interoceánica”.

“Tenemos una proyección de que va a darse aproximadamente hacia el mes de julio e inmediatamente después se ingresa a la etapa final del proceso, que es el juicio oral”, dijo.