Municipalidad provincial de Piura contrató a 31 funcionarios que no cumplen con requisitos mínimos

¿Irregularidades desde el inicio? La nueva gestión del alcalde provincial de Piura, encabezada por Gabriel Madrid, quién promovió el paro regional del 18 de abril, contrató 31 funcionarios para puestos de confianza que no cumplían con los requisitos mínimos para ejercer tales funciones establecidos en la Ley 31419, según el informe de la Contraloría a la que accedió Vigilante.pe. El documento detalla que 9 de dichos puestos eran para gerencias.

Luis Miguel Mendoza Sandoval, llegó a la Municipalidad para ocupar el puesto de Gerente General del Instituto Vial Municipal, pero no acredita tener 3 años de experiencia específica en temas relacionados a gestión pública y municipal en el sector público o privado. El segundo gerente es Alaín Alvarado Tabacchi, en el área de planificación y desarrollo, quien no cumpliría el requisito de capacitación. En tanto, José Luis Calderón Cienfuegos, gerente del área de transportes, tampoco habría cumplido con la capacitación en transportes que exige la ley.

Por otro lado, Miguel Arturo Figeroa Roselli, quien sería gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municipal, no acredita ningún tipo de experiencia previa que avale la ocupación de su cargo. La misma situación se repite con Dante Moscol Rivera, gerente de Comunicación e Imagen Institucional, y con Karla Vásquez Ocampos, gerente de Educación, Cultura y Deporte. Entre los demás puestos de confianza designados hay subgerentes, jefes y asesores, todos ellos con salarios que ascienden a los S/ 2500.

Las contrataciones por puestos de confianza son avaladas por la Ley 31419, que establece «disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función publica de funcionarios y directivos de libre designación y remoción». Sin embargo, esta ley también especifica requisitos mínimos para trabajar en entidades públicas, por lo que se estaría incurriendo en un hecho ilegal. Asimismo, Contraloría encontró la violación al Decreto Supremo 053-2022-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley 31419.

Hasta el momento el alcalde de Piura no explica a la ciudadanía porqué decidió designar a estas personas en puestos clave. Por su parte, la Contraloría espera que Madrid comunique cuales serán sus acciones al respecto. Cabe recordar que el salario de aquellos funcionarios son financiados por los impuestos de los contribuyentes piuranos, por lo que es imperativo que las personas designadas en puestos importantes dentro de la municipalidad sean profesionales con las capacidades necesarias para hacer un buen trabajo.

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