Gobernadores regionales podrían ser interpelados o acusados constitucionalmente: ¿En qué consiste el proyecto ley?

La corrupción de funcionarios públicos es uno de los problemas que enfrenta nuestro país. Según Contraloría, durante el 2022 el Perú perdió más de S/ 24 mil millones actos de corrupción e inconducta. Frente a esta situación, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó un proyecto de ley que propone facultar al Congreso para que los gobernadores regionales puedan ser acusados constitucionalmente.

La iniciativa es el proyecto de ley 4520/2022-CR y plantea la modificación de los artículos 99° y 101° de la Constitución Política. De acuerdo al documento presentado por Cavero, la propuesta tiene como objetivo «promover la adecuada fiscalización y acciones de control por parte del Poder Legislativo en torno a la función pública llevada a cabo por los gobernadores regionales, en un eventual perjuicio del bienestar nacional».

Actualmente, de acuerdo a la ley, la Comisión Permanente puede acusar ante el Parlamento al presidente de la república, a congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, fiscales y hasta al Contralor, pero no así a gobernadores regionales. En ese sentido, Cavero propone añadir un párrafo al artículo 99° que versaría de la siguiente manera: «Corresponde, asimismo, a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los Gobernadores Regionales por infracción a la Constitución.» En el mismo sentido, se modificaría el artículo 101° y se añadiría un párrafo que establezca que los gobernadores regionales deberán acudir al Congreso cuando se les llame para ser interpelados.

Dentro de la justificación de la propuesta, el documento específica que busca el fortalecimiento de las acciones de fiscalización y control político. En ese sentido, plantea que posibilidad de iniciar procesos de acusación constitucional por violaciones a la Constitución Política podrá promover la suspensión o inhabilitación de la función pública de altos funcionarios (entre ellos los gobernadores regionales) que no cumplan con los requisitos básicos para ocupar cargos públicos.

Por otro lado, el folio destaca la necesidad de ejercer un mejor control del uso de recursos públicos, tomando en cuenta las altas cifras de presupuesto sin ejecutar. Según un informe elaborado por ComexPerú citado en el proyecto, «en el 2021 los gobiernos subnacionales registraron una ejecución presupuestal de 88%, dejando sin ejecutar aproximadamente S/. 3,730 millones. De acuerdo al mismo informe, los gobiernos regionales que tuvieron una menor ejecución en el sector salud fueron Tacna, Puno y Tumbes, con ejecuciones de tan solo 17,5%, 18,8% y 31,8% respectivamente».

Uno de los factores que influyen en la falta de ejecución es la corrupción de funcionarios. De acuerdo a la propuesta, regiones como Piura, Lambayeque, Callao, Lima Provincias, Junín, Apurímac, Moquegua, Tacna y Ayacucho, registran los niveles de corrupción regional considerados como ‘muy altos’. Ejemplos claros de este escenario son los 7 ex gobernadores de Cusco investigados y condenados, el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, condenado a 4 años de prisión por el delito de colusión o el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, condenado por cometer delitos de colusión simple y agravada y asociación ilícita para delinquir.

El documento no específica los escenarios en los cuales es factible la interpelación, tomando en cuenta que las funciones de un gobernador difieren a las de un ministro o un congresista. Sin embargo, podría ser una iniciativa que sume a una mayor y mejor fiscalización de las autoridades regionales.