Protestas en Puno paralizan operación minera y ponen en jaque el trabajo de 4 000 peruanos
Los bloqueos se concentran en Puno, lo que generó que los inversores extranjeros comienzan a desconfiar de la sostenibilidad del país. Esto quedó en evidencia con la paralización de la mina San Rafael a raíz de las violentas manifestaciones contra el gobierno
Gabriela Llontop
Publicado 2:25 pm, 28 febrero, 2023
Desde hace 45 días, la mina San Rafael paralizó sus actividades por los constantes piquetes ubicados en diferentes puntos de la carretera que conecta a Puno con otras regiones. Lamentablemente, estos bloqueos no solo han impedido que los encapsulados de la unidad minera transporten adecuadamente los minerales, sino que tampoco permitieron que los alimentos y combustible lleguen a tiempo al centro de operaciones.
Actualmente, esta mina solo funciona con 430 empleados, quienes únicamente desempeñan labores de mantenimiento de maquinarias. Sin embargo, alrededor de 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos se encuentran en peligro debido a que se desconoce cuándo cesará la violencia en la región altiplánica. Es importante precisar que estos bloqueos se originaron tras la vacancia del golpista Pedro Castillo y fueron organizados por grupos radicales que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente.
Con la paralización de la unidad minera responsable de exportar alrededor del 10% de estaño a nivel mundial, lo cual la posiciona como la más importante de su clase en américa latina, miles de familias se encuentran en grave riesgo de verse fuertemente afectadas por la falta de empleo y, posteriormente, de ingresos económicos para satisfacer sus necesidades.
Además, esto posiciona a Puno, una vez más, como una de las regiones peruanas con mayor conflictividad social. Esto revela cómo la gestión de las autoridades para frenar los conflictos es nula y cómo la ciudadanía tiende a ceder ante la presión de grupos extremistas que no velan por la seguridad e integridad de todos los peruanos.
Actualmente, este departamento se encuentra desabastecido de petróleo y alimentos, lo cual provoca que las familias puneñas gasten hasta S/200 por un balón de gas doméstico y altas sumas de dinero por implementos básicos de higiene y consumo. Del mismo modo, Puno continúa perdiendo millones de soles en sectores sumamente importantes como transporte o comercio. En el caso del turismo, esta región dejó de percibir alrededor de S/230 millones al cancelar las actividades relacionadas con la fiesta de la Virgen de la Candelaria.
Ahora, la situación se agrava en esta región y, sobre todo, en el país debido a que los inversionistas extranjeros comienzan a desconfiar de la calidad crediticia de Perú y las inversiones en diferentes sectores. Para pena de muchos, nuestra nación apenas creció un 1.7% durante el cuarto trimestre de 2022, cifra ampliamente menor en comparación con los trimestres anteriores. Los niveles de inflación interanual también nos juegan en contra, porque el incremento de 0.46% en la tasa de inflación durante enero es una pésima señal.
De acuerdo a lo comunicado por la Red de Estudios para Desarrollo (Redes), los departamentos que entrarían en recesión si los bloqueos continúan son Ayacucho, Puno, Apurímac, Tacna, Huancavelica, Ica, Piura y Amazonas. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades para evitar estos terribles desenlaces en el país? ¿Los gobernadores regionales dejarán de azuzar a los manifestantes y comenzarán a priorizar el orden dentro de cada departamento? ¿Cuáles son las estrategias de solución del gobierno central para frenar las consecuencias de una caída económica a nivel nacional?
Gabriela Llontop
Periodista y redactora