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Mejor gestión o nueva Constitución: ¿Cómo se arreglan los problemas del Perú?
Redacción Vigilante
Publicado 7:36 am, 28 diciembre, 2022
Encuesta evidencia gran confusión y desconocimiento sobre lo que implican los cambios constitucionales. “La gente realmente tiene muchos problemas y piensa que se van a solucionar si hay una nueva Constitución, porque no saben para qué sirve. Casi todos los temas que quieren resolver se hacen con una buena gestión”, señala Patricia Zárate, jefa del área de Estudios de Opinión Pública del IEP.
La última encuesta nacional del Instituto de Estadios Peruanos (IEP) ha puesto en evidencia no solo las contradicciones e inconsistencias en el país en torno a las reformas constitucionales, sino también un profundo desconocimiento de lo que es la Constitución y para qué sirve.
Así lo admite la investigadora Patria Zárate, jefa del área de Estudios de Opinión Pública de IEP, al señalar que “que no hay una comprensión sobre lo que significa una Constitución, porque cuando preguntamos los temas que quisiera incluir o cambiar dentro de ella, una pregunta totalmente espontánea, mencionan el alza de precios, más apoyo a la agricultura, la lucha contra la delincuencia, penas hacia los corruptos”.
Por ejemplo, el estudio del IPE arroja que mientras solo un 4% dice haber leído la Constitución por completo, un 31% quiere cambiarla toda, pero a la vez un 47% señala estar a favor de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución. Tres resultados distintos para un mismo tema que reflejan, por decir lo menos, confusión.
Y entre quienes quieren cambios en la Constitución, los temas que más mencionan son educación, corrupción, salud, delincuencia, pena de muerte a violadores y penas más duras en general.
“Realmente la gente tiene muchos problemas y piensan que se van a solucionar si hay una nueva Constitución, porque no saben para qué sirve. Casi todos los temas que quieren resolver se hacen con una buena gestión”, señala Zárate.
La investigadora principal del IEP sostiene que es irresponsable que grupos de izquierda, como el gobierno de Perú Libre y sus aliados, insistan en una asamblea constituyente para un cambio de Constitución que agravaría la crisis política, económica y social que atraviesa el país. “Muchos de los problema se solucionarían con una gestión honesta y eficiente del gobierno”, agregó.
Recientemente, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma fue más allá y dijo en Exitosa que el tema de la constituyente es un gran distractor del gobierno para tapar su incompetencia y la vinculación del presidente Pedro Castillo con casos de corrupción. “Se recurre a invocar la asamblea constituyente como si eso va a solucionar la vida de los peruanos o mejorará los ingresos económicos o la seguridad ciudadana”, remarcó.
Una de las falacias más usadas por los grupos que promueven una constituyente es decir que quieren mejorar la salud y educación, pero la Constitución vigente ya dice, por ejemplo, que es responsabilidad del Estado “facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud”, así como garantizar “el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social”, y de “asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica”.
Como explican diversos especialistas, el problema es que en los últimos años el Estado Peruano —hoy administrado por el gobierno de Pedro Castillo— no ha sido capaz de diseñar y ejecutar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada vez más peruanos, sobre todo de las familias en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
El economista Diego Macera, actual director del BCR, señala que si bien la Constitución vigente garantiza el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y otros, para que esto no se quede solo en palabras vacías, se necesita un Estado que funcione de manera eficiente para que las haga realidad.
La deficiente gestión de las autoridades se refleja en los pobres indicadores de educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana, por ejemplo, explica el economista Elmer Cuba, de Macroconsult. “Son también las deficientes políticas públicas en competitividad y productividad las que han afectado la velocidad del crecimiento económico de los últimos años. Sobre lo que se ha sumado el creciente deterioro de los cuadros del Poder Ejecutivo durante la actual administración”, agrega.
Además, en una columna en El Comercio, Cuba sostiene que la mayoría de problemas económicos por resolver también pasan por mejorar la gestión pública, que implica reforzar el funcionamiento de algunas instituciones. “Los cambios constitucionales que se necesitan están en la parte del sistema político, para tener una mejor gobernanza democrática que sea funcional a las necesidades de las grandes mayorías nacionales”, apunta.