¿Es inconstitucional penalizar la filtración de declaraciones de colaboradores eficaces?
El abogado penalista Carlos Caro afirmó que «el proyecto de ley está pensado en penalizar a todos los que puedan filtrar esta información al nivel de los medios de comunicación».
El Pleno del Congreso deberá debatir y votar los proyectos de ley 12 y 365, que buscan modificar la Ley de Colaboración Eficaz, con el objetivo de criminalizar el trabajo periodístico relacionado con la divulgación de declaraciones de colaboradores eficaces sobre diversos casos de corrupción y penalizar a los fiscales, procuradores y jueces que filtren el contenido de los testimonios, así como sancionar con cárcel a los periodistas que difundan información.
Esta medida es cuestionada debido a que, en gran medida, la información periodística obtenida de fuentes reservadas permitió conocer la trama de corrupción dentro del gobierno de Pedro Castillo, pero también conocer detalles de serias investigaciones de congresistas o altos funcionares del Poder Judicial.
Datos importantes para la ciudadanía se conocieron tras la difusión de las declaraciones de los principales implicados en los casos que implican al presidente y su entorno, como Karelim López, Zamir Villaverde, Bruno Pacheco, Hugo Espino y otros.
Sin embargo, se abre el debate sobre si esta decisión. El abogado penalista Carlos Caro calificó de inconstitucional la iniciativa ya que vulnera el derecho a la libertad de expresión e información.
El proyecto presentado por la bancada de Podemos Perú, partido que demás tiene como dueño a José Luna Gálvez, investigado por corrupción, no toma en cuenta que ya existen sanciones para los funcionarios públicos que vulneren la confidencialidad en un proceso de colaboración eficaz.
“Este proyecto de ley está pensado en penalizar a todos los que puedan filtrar esta información al nivel de los medios de comunicación. Esto constituye un atentado flagrante contra las libertades informativas, dado que el deber de reserva no le compete al periodista, quien tiene el derecho de resguardo de la fuente (…) Ante tal inconstitucionalidad, yo pienso que no debería pasar la aprobación del Congreso”, agregó.
En tanto, Samuel Rotta, de Proética, sostuvo que “hacer ajustes a un instrumento como la colaboración eficaz requiere un debate técnico serio, no un montaje que solo busca impedir filtraciones de información a la prensa”.
“Nos preocupa que el Congreso modifique la ley de colaboración eficaz sin considerar opiniones técnicas del Poder Judicial, Fiscalía y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y limitando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las investigaciones por corrupción”, agregó.