AENZA, ex Graña y Montero, se acoge a colaboración eficaz y reconoce corrupción en 16 proyectos
Redacción Vigilante
Publicado 10:19 am, 16 septiembre, 2022
Empresa se compromete a pagar al Estado peruano alrededor de S/ 480 millones de reparación civil por los daños ocasionados en los referidos 16 proyectos y por participar en concursos públicos para dar la apariencia de competencia en las otras 48 obras.
La empresa AENZA suscribió un acuerdo final de colaboración eficaz con el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, en el que reconoce que la antigua empresa Graña y Montero, junto a sus dos subsidiarias GyM y CONCAR, así como parte de sus exejecutivos, cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
En esa línea, la empresa tendrá la obligación de colaborar con la justicia aportando información y pruebas de relevancia penal para todas las investigaciones relacionadas a las obras que forman parte del convenio, incluyendo el caso “Club de la Construcción”.
Mediante el acuerdo, AENZA se compromete a pagar al Estado peruano, hasta el momento, alrededor de S/ 480 millones de reparación civil por los daños ocasionados en los referidos 16 proyectos y por participar en concursos públicos para dar la apariencia de competencia en las otras 48 obras.
El monto de la reparación civil fue calculado por la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato bajo las fórmulas y parámetros de la Ley 30737 y su reglamento.
La cifra incluye intereses legales y será pagada en 12 años. La cuota inicial será de S/ 14 millones aproximadamente, la cual se pagará una vez que el acuerdo sea aprobado por el Poder Judicial. En esa línea, el convenio establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las 12 cuotas de la reparación civil, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación.
COMPROMISOS
El acuerdo incluye una cláusula donde la empresa se compromete a no iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.
En tanto, también se firmó un acuerdo entre la Procuraduría Ad Hoc, AENZA y la Municipalidad Metropolitana de Lima para la terminación anticipada del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur. En dicho documento, la compañía se ha comprometido a renunciar al cobro o pedido de compensaciones de varios conceptos por la terminación del contrato.
También se ha comprometido a desistir de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional de Cusco con lo que se evitaría que dicho gobierno regional realice pagos ascendentes a S/ 33 millones.
Además, desistió de la solicitud de arbitraje que la empresa presentó ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano, por un monto equivalente a S/ 700 millones de soles o US$ 250 millones y deberá implementar un programa de cumplimiento para prevenir delitos de corrupción e instaurar una cultura interna de apego a la ley.
“PAGO DE AENZA ES ADICIONAL AL DE LOS GRAÑA»
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola, sostuvo que “el pago de reparación civil de AENZA será adicional a los cerca de S/ 60 millones que pagarán los señores Graña Miró Quesada y Graña Acuña”, quienes también han firmado acuerdos de colaboración eficaz con la Fiscalía y la Procuraduría.
“Este convenio tiene gran valor porque nos permitirá utilizar valiosa información y testimonios que permitirán obtener sentencias condenatorias, así como interponer otras acciones legales contra del resto de investigados que se niegan a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, permitirá que el Estado obtenga un monto de reparación civil importante que se cobrará de manera efectiva porque las cuotas cuentan con mecanismos de aseguramiento”, destacó la defensora del Estado.
Finalmente, Carrión Ordinola resaltó que “este tipo de acuerdos muestran que el instituto de la colaboración eficaz corporativa puede ser un instrumento potente no solo para la averiguación de la verdad, sino también para que el Estado obtenga de manera efectiva el resarcimiento económico por los delitos que le han causado agravio”.