| ECONOMÍA
Gobierno ofrece a transportistas subsidiar los peajes y el diésel ¿Es adecuado, funcionará?
Redacción Vigilante
Publicado 1:59 pm, 5 julio, 2022
Especialistas coinciden que es una medida apresurada y antitécnica para evitar el paro, porque no está focalizada en un sector vulnerable, implica un alto costo fiscal y el beneficio puede que no llegue al consumidor o usuario final.
Los gremios de transportistas en Lima anunciaron que levantaban el paro que iniciaron el último lunes, aunque la medida sigue en provincias, luego de que llegaran a un acuerdo con el Ejecutivo, que les ofreció dos medidas que se aplicarán para el transporte de carga e interprovincial.
- La devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicable al combustible diésel desde agosto de este año hasta diciembre del 2025
- Un subsidio económico temporal por cuatro meses del 40% del monto de los peajes.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la devolución del ISC tendría un costo anual de S/ 200 millones y el subsidio a los peajes otros S/ 200 millones más.
¿Son adecuadas estas medidas?
Alfredo Thorne, exministro de Economía, puso en duda su efectividad, porque se subsidia a la empresa directamente y este beneficio podría no llegar al consumidor final, y agregó que es una decisión que responde más al pedido de los transportistas para evitar paro.
Según dijo en El Comercio, era mejor ofrecer un paquete focalizado de beneficios que incluyera un subsidio a los combustibles y la devolución de un porcentaje de lo que se paga en peajes a personas de bajos ingresos.
Si bien extitular del MEF señala que ahora hay recursos fiscales, debido a una mayor recaudación por el alto precio de los minerales que exportamos, esta situación podría cambiar en el corto plazo, porque hay riesgos de una recesión mundial y un estancamiento de la economía local, producto de la inestabilidad política y las medidas inadecuadas del gobierno. «Eventualmente, vamos a enfrentar una crisis fiscal”, anota.
Con Thorne coincide Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, porque sostiene que se trata de medidas antitécnicas que tienen un alto costo fiscal, que se suman a otras que tampoco funcionaron para enfrentar el alza de precios, como las exoneraciones del IGV a algunos alimentos de la canasta básica y del ISC a los combustibles. “Cada vez habrá menos recursos fiscales y, por lo tanto, el riesgo va a ser que más pronto que tarde el déficit empezará a aumentar”, refiere.
El especilista considera que la debilidad e incapacidad del gobierno lo obliga a acordar y negociar medidas de este tipo, porque está contra las cuerdas. «La consecuencia es que se siguen añadiendo precedentes para que a todo aquel que anuncie un paro, se le subsidie», apunta Arias.
Agrega que la responsabilidad el Ejecutivo es mitigar el impacto de la inflación, que acaba de tocar su pico más alto en 25 años, en los más vulnerables, pero los transportistas no están en este grupo.«Las medidas no deben darse para quien haga más bulla o golpee más fuerte», anotó.